El incremento del IVA entró ya en vigencia y técnicamente deberíamos estar experimentando los efectos proporcionales al alza de tres puntos en este impuesto, pero no. Lo que dice el cálculo matemático no es suficiente para comprender las dinámicas económicas en una sociedad como la ecuatoriana.
Lo que hemos visto en estos días es que el incremento de precios de los productos, sea que estén gravados con IVA o no, se ve afectado por dos elementos: por un lado, el alza del IVA en sí, y por otro algo que es mucho más fuerte como la especulación.
Esos son los efectos de un manejo inadecuado de la aplicación de la política tributaria. Hay que partir del hecho de que los impuestos no se anuncian, sino que se los implementa. En este punto, el Gobierno cometió el error de haber manejado el concepto del incremento del 12% al 13% y luego al 15%. Esta inexactitud lanzada con varias semanas de anticipación ocasionó una disparada de precios incluso antes de que ese incremento tributario entrara en vigencia.
Ahora nos encontramos con un escenario en el que, al igual que la explicación del principio, las matemáticas no cuadran. La lectura es sencilla: lo que esperan las autoridades es que el incremento del impuesto incremente el nivel de recaudación, pero eso pasa en una economía de manual. En la realidad, uno de los efectos de un incremento tributario es la contracción del consumo y la disminución de cierto tipo de gastos en la economía familiar.
La perspectiva del Gobierno con el alza del IVA era obtener 1.306 millones de dólares, pero esa cifra no se podrá alcanzar en vista de que el movimiento económico del 2023 no será comparable con el del 2024 que acarreará esta disminución del consumo por el alza de precios y, además, los 1.306 millones podían esperarse si el incremento entraba en vigencia desde enero a diciembre, pero vemos que apenas ha entrado en vigencia desde abril.
De todas maneras, es importante rescatar el esfuerzo del Gobierno por evitar que el barco naufrague. No debemos olvidar que se posesionó con deuda y sin capacidad de pago porque no había caja para los salarios de diciembre. Al final logró tapar huecos, pero aún falta mucho por hacer y una tarea fundamental que está pendiente es mejorar la calidad del gasto.
En ese tópico no solo me refiero al gobierno sino a otras entidades como los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). ¿Cómo puede ser posible que en la nómina de gastos presupuestarios de ciertos GAD aparezcan hasta seis conciertos de reggaetón ya realizados, cuando la población no tiene servicios básicos? Sería demasiado abundar en lo que gráficamente significa esto en términos de irresponsabilidad y clientelismo en el manejo del dinero público, y esa es justamente la llaga en la que hay que meter el dedo. (O)