Jenny Acuña es una ecuatoriana de 61 años de edad que se encuentra recluida en una prisión de Bangkok, Tailandia, desde el año 2017, acusada y sentenciada por tráfico de drogas a una pena de 15 años.

En principio, la historia de Jenny es muy parecida a tantas otras que, por pobreza, ingenuidad, desesperación o por simple ambición terminaron involucradas en tráfico personal de drogas, atrapadas en aeropuertos europeos, norteamericanos o asiáticos, y posteriormente encarceladas, enjuiciadas y condenadas a penas privativas de la libertad durante buena parte de su vida sin haber contado con una defensa profesional y eficaz. 

Jenny, como la mayoría de esas personas que han tenido experiencias similares, es culpable. Sí, es culpable del delito por el que se la acusó y juzgó, pero también es una víctima, como lo son casi todos los que actúan como “mulas” en esas circunstancias cuando se ponen al mando o bajo las órdenes de mafias y bandas de narcotraficantes. 

Sin embargo, hay algunas diferencias entre el caso de Jenny y otras historias similares de extranjeros que pasaron por la misma experiencia. La primera es que ella desde el principio colaboró con la justicia y gracias a su delación, a su valentía, se logró descubrir y arrestar a otros miembros de la organización delictiva, por supuesto no a los grandes capos que nunca o casi nunca terminan por ser descubiertos, sino a algunos de los lugartenientes que estaban detrás de la pesadilla que vivió Jenny.

Esta particularidad de su caso no es menor, pues esa colaboración que podía otorgarle beneficios de reducción de penas, hasta ahora, por razones que desconocemos, no se ha concretado. De hecho, en el Ecuador su familia desconoce por completo cuál es la real situación de Jenny al interior de esa prisión en Bangkok, desconoce además si ella puede ser beneficiaria de una reducción o conmutación anticipada de su pena, o si, dado el estado grave de salud en que se encuentra (con un posible diagnóstico de cancer de seno), pudiera ser excarcelada o repatriada al Ecuador por razones humanitarias.

Uno de los casos emblemáticos respecto a indultos otorgados en Tailandia es el de la española Yolanda Ming, quien en 1994, por pedido del entonces presidente de España, Felipe González, obtuvo la clemencia y perdón a la pena de cadena perpetua que se le había impuesto por el delito de tráfico de drogas. En los últimos meses, según afirma la familia de Jenny, varias de las detenidas latinoamericanas en la prisión en que ella se encuentra han sido excarceladas, indultadas o devueltas a sus países por gestión de sus respectivos gobiernos y cuerpos consulares. 

Más allá de las culpabilidades o responsabilidades individuales y, por tanto, de las consecuencias jurídicas derivadas de sus actos, Jenny Acuña y todas las personas que se encuentran en su situación en cualquier parte del mundo deben recibir la protección y asistencia de sus gobiernos a través de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, que les permita acceder a un adecuado ejercicio y tutela de sus derechos. 

Los derechos humanos se protegen, se ejercen y se respetan en igualdad de condiciones, sin distinción alguna. Es un deber primordial del Estado velar por la defensa y vigencia de los derechos del ser humano con frontalidad, con decisión, con valentía y con el compromiso firme de que todos y cada uno de sus ciudadanos debe recibir de forma individual esa atención cuando sus circunstancias lo exigen.

La familia de Jenny Acuña asegura que el estado ecuatoriano se ha olvidado de su caso desde hace varios años y que, ahora, en la condición frágil de salud en la que se encuentra esta mujer, es impostergable recibir su ayuda para conocer realmente su situación y hacer todo lo posible para repatriarla a su país.

Hoy la diferencia entre Jenny y Ming, es la misma diferencia que tienen el español Pablo Ibar y Nelson Serrano, o la que tuvo hace dos años apenas con el propio Nelson Serrano el señor Enrico Forti, un ciudadano italiano que en 2020 consiguió del gobernador de Florida, Ron De Sanctis, su transferencia a Italia a pesar de la oposición del sistema judicial y de los fiscales que lo habían enjuiciado y sentenciado. Es una diferencia abismal la que experimentaron Ming, Ibar o Forti, que por ser españoles o italiano en el último caso, recibieron todo el apoyo y asistencia de sus gobiernos para luchar y reivindicar sus derechos. 

Sí, las diferencias de ser ecuatoriano y estar preso en Bangkok o Florida son inmensas, insólitas, vergonzosas, y por esa misma razón no nos cansaremos de repetirlas aunque les duela, les moleste, les estorbe o les incomode a los gobiernos de turno y a los transitorios funcionarios de las instituciones públicas del país. 

No nos cansaremos de decirlo y de levantar la voz hasta que alguien resuelva hacer lo que le corresponde, hasta que alguien cumpla efectivamente con sus deberes sin temores, sin excusas, sin pretextos, sin cálculos políticos o comerciales, y se atienda y se vele por la situación de todos los ecuatorianos que se encuentran en la situación de Jenny o de Nelson en el exterior. (O)