A raíz de los acontecimientos políticos en Colombia, Chile y Brasil, y más recientemente en Perú, cabe mencionar que en Sudamérica la política nunca dejará de ser una ciencia cambiante e interesante.
Con una población de 33 millones que, de acuerdo con datos de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, se identifica en un 25% como indígena u originaria, la economía peruana se posiciona como la número 51 a nivel mundial con base en su Producto Interno Bruto (PIB). Este país ha destacado por su crecimiento, aun cuando la atracción de inversión extranjera, medida como la entrada neta de capital (% del PIB), ha disminuido de 7.4% en 2012 a 0.4% en 2020. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el PIB ha crecido de USD 147 mil millones en 2010 a USD 223 mil millones en 2021. En este período, el país ha sido gobernado por dirigentes de los dos polos opuestos del espectro político.
Los empresarios peruanos han destacado por la diversificación de sus negocios y expansión en la región. Esto ha sido fruto de una estrategia de mitigación del riesgo que significaba el mantener sus inversiones en el mercado peruano durante las fluctuaciones políticas.
Al margen de todos los vaivenes políticos que Perú ha debido enfrentar, el país ha logrado sobreponerse a ellos al amparo de una institucionalidad que no se ha visto afectada por la inestabilidad política. Uno de los principales ejemplos es el manejo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En una reciente entrevista con BBC Mundo, Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, expresó que "la independencia que la Constitución de 1993 le dio al BCRP, le ha permitido tener un manejo muy técnico y profesional, totalmente independiente del ciclo económico y político". La acumulación de reservas internacionales, el manejo de la inflación y el bajo nivel de endeudamiento público han sido elementos que han aportado a la estabilización económica de la última década.
Por otro lado, sin perjuicio de las fuertes críticas recibidas desde su promulgación, la Constitución de 1993 ha sido clave para el desarrollo del modelo económico peruano. De acuerdo con su articulado, la carta magna impide que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores. De cara a los inversionistas, esto ha supuesto un pilar fundamental para la inversión.
La contracara a lo antes destacado sigue siendo la desigualdad socioeconómica entre la población peruana. En efecto, las cifras macroeconómicas no necesariamente reflejan bienestar en la amplia mayoría del pueblo. Juzgar la situación de un país utilizando para ello indicadores aislados como el PIB, la inflación, el desempleo y/o la balanza comercial, no implica justicia social. De hecho, la bonanza que puede observarse en Lima y sus alrededores, contrasta con la pobreza extrema observada en el altiplano peruano. Es evidente que los niveles de concentración de riqueza en Perú son tal vez el mayor obstáculo a superar para lograr materializar “el milagro peruano”.
El ascenso de Pedro Castillo al poder, con el voto favorable de más del 50% de la población peruana, representó un mensaje del deseo de cambio por parte de las masas. El mayor reto de quien lo suceda después de los acontecimientos del día 7 de diciembre, será el de instaurar políticas sociales que apunten a una distribución equitativa de la riqueza nacional. (O)