Las características de la política económica deben ser siempre la continuidad y la perseverancia, obviamente sobre bases de una gestión favorable y oportuna con la dirección y la profundidad correctas. A la fecha de elaboración de este informe se conoció el Acuerdo entre el FMI y el gobierno, para el otorgamiento de un crédito por USD 4.000 millones a 4 años plazo. Este convenio sin duda permitirá paliar la crisis fiscal del país caracterizada por problemas financieros, de iliquidez y de financiamiento, pues el 2023 registró un déficit fiscal de USD 5.700 millones, el desequilibrio para el 2024 se estima de una magnitud similar y los atrasos superan ampliamente los USD 5.000 millones a los que se añaden los USD 1.500 millones de cuentas impagas durante el primer trimestre de 2024. Si bien es cierto que el monto del acuerdo no se desembolsará de forma inmediata sino a través del tiempo del convenio una vez se vayan alcanzando las metas y las reformas que incluya el programa, es una ayuda significativa aparte de los beneficios de la señal positiva a los mercados internacionales, lo que mejorará la precepción de riesgo del país.

Si es importante indicar que este tipo de acuerdo de Facilidad Extendida por 48 meses demandará que el gobierno actual se ajuste a las metas fijadas que aún no se conocen hasta que el Directorio del FMI apruebe el programa y que el siguiente gobierno que asuma el poder el 24 de mayo del 2025 continúe en esa ruta de cumplimiento de objetivos. 

Independientemente de lo que contienen este tipo de convenios, la realidad de la economía ecuatoriana requiere además de otro tipo de políticas que son fundamentales y necesarias. Uno de estos factores es la calidad del gasto público, pues en este concepto se incorporan problemas de gestión de los fondos públicos que van desde la incapacidad de ejecutar los presupuestos que se aprueban, la rendición de cuentas de todas aquellas instituciones y beneficiarios de recursos del presupuesto del estado, el rol del estado en ciertas actividades que no le competen y hasta las situaciones de corrupción. Esto significa que estos acuerdos con útiles y necesarios para países con problemas como los de Ecuador pero de ninguna manera abordan todo lo que debe hacerse.

Adicionalmente, hay problemas que demandan decisiones difíciles pero también necesarias como es ir regulando el tamaño del estado que es una de las principales razones que explican los recurrentes déficit fiscales y la alta dependencia del endeudamiento público.

El programa del año 2020 acordado con el FMI por USD 6.500 millones se inició en el gobierno del ex Presidente Lenín Moreno y se lo continuó en la administración de Guillermo Lasso, pues fue de 27 meses de duración. Durante esos dos gobiernos se cumplieron las metas plantadas con lo que se pudo culminar el acuerdo exitosamente y se recibió todo el monto acordado. Lamentablemente, luego de haberse completado ese programa y siendo uno de los pocos terminados favorablemente, un año después empezaron a registrarse problemas fiscales importantes hasta llevar la situación a las cifras anotadas.

Este particular demuestra con bastante claridad que es indispensable que no se pierda la continuidad en el programa, pues tener que retornar a nuevos acuerdos que involucran más deuda pública, así ésta sea en condiciones adecuadas, no necesariamente es sano en el largo plazo. 

Aunque se desconocen detalles del convenio con el FMI, la economía requiere una reforma laboral, la misma que aunque se dificulte su aprobación ante la Asamblea Nacional luego de la negativa a la pregunta del trabajo por horas en la reciente Consulta Popular, sigue siendo una necesidad para mejorar el empleo. De igual manera, la reforma a la seguridad social en el ámbito pensional y de salud, los cambios de forma y de fondo que requieren instituciones como Petroecuador y el propio IESS, la necesaria baja gradual de aranceles, la eliminación de los subsidios abiertos e indiscriminados a los derivados de petróleo y su reemplazo por subvenciones focalizadas, la renegociación amigable de la deuda externa en bonos que ya fenecen los beneficios de la última renegociación del 2020, el replanteamiento de la deuda bilateral con la China y los ajustes a la deuda interna que permitan una curva real de rendimientos, entre otras modificaciones estructurales, son necesarias se las adopte.

Es imperativo se potencie este acuerdo con el FMI y se lo complemente con las reformas estructurales anotadas. Ojalá el entorno político no obstaculice el avance de la política económica. (O)