La grave situación de provisión eléctrica que estamos sufriendo, no solo oscurece nuestras tardes y noches, sino que también oscurece las cifras. Las pérdidas se cuantifican de forma diversa y de acuerdo al cálculo de determinado municipio o de determinada asociación gremial. El hecho es que no existe una versión en firme que cuantifique los efectos de la crisis energética, pero sí existe una verdad: hay menos ventas, menos transacciones comerciales y, consecuentemente, menos recursos tributarios directos e indirectos para el Gobierno y el funcionamiento del país.
Los efectos de los apagones son incomensurables. Los consumidores han reducido su demanda y las ventas, en comparación al año anterior, se contraerán en un 3.25%, lo que afectará en proporción similar a la recuperación de las arcas fiscales. Todos los ecuatorianos debemos estar claros en que vivimos dentro de una espiral: el proveedor que hoy es proveedor, mañana es consumidor y cliente, y viceversa. Y el momento en que uno de esos de esos dos roles se detiene, se frena la capacidad de movimiento económico y también la recepción de recaudación por parte del Gobierno para cubrir otros gastos.
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Esa cadena continúa hacia el escenario macro. El Estado, con menos recursos por recaudar, se ha convertido en un mal pagador y eso afecta gravemente a la economía, porque esta se basa en la recuperación lenta del flujo de recursos desde el Gobierno hacia la parte privada y desde la parte privada hacia la parte ciudadana en cuanto a provisión de bienes, servicios y generación de empleo. No estamos viviendo un buen momento, hay escasez de efectivo y falta de crecimiento de la economía.
La crisis es estructural y nace de la incapacidad de ejecutar inversión desde el sector público. Es cierto que un gobierno de 14 meses no iba a solucionar un problema de crisis fiscal que tiene más de 20 años, pero sí habían salidas. Una de ellas era el inyectar a la economía nacional los 2.313 millones de dólares adicionales en tributos que el gobierno obtuvo entre junio de 2023 y junio 2024. Este habría sido un gesto positivo que estimulase al sector privado, que tiene rezagadas sus intenciones de inversión, a unirse a la iniciativa oficial de trabajar en sectores como infraestructura pública, generación eléctrica y otros tipo de acciones.
La inversión en la cosa pública es un pago inicial, para que el sector privado interno y externo se junten a esa iniciativa de repotenciación de infraestructura. Si eso no ocurre en este o el próximo gobierno, seguiremos rezando por lluvia y caminando a oscuras. (O)