Hace un año, Ecuador vivió de manera silenciosa el último capítulo de una de las reformas más importantes y disruptivas que se han producido a través de su legislación. Junto con la incorporación de la SAS y otros cambios que ya se habían producido antes, la Ley de Compañías incorporó normas actuales que permiten a los empresarios contar con herramientas adecuadas para hacer negocios a través de vehículos societarios. La Gran Reforma logró un cuerpo normativo sólido y moderno que permite corregir una serie de distorsiones que existían y que logra consolidar instituciones claves para el desarrollo empresarial ecuatoriano.
El Derecho Societario, antes de las reformas, estaba basado en normas arcaicas que no se ajustaban a la realidad y que entorpecían la actividad empresarial llenándolo de trámites y costos innecesarios. Además, la norma no resolvía los verdaderos problemas de agencia que se derivan de la realidad que se da en las compañías todos los días: conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios, problemas con los administradores y la compañía, accionistas minoritarios en contra de la compañía, etc.
Con estas reformas se evidenció que el Derecho Societario no es únicamente para constituir compañías y generar molestias en las empresas porque se les solicita papeles, sino que sirve, en último término, para solucionar los problemas que se generan en el día a día en una relación que gira alrededor de una compañía. Por eso, en otros países como Estados Unidos, el Corporate Law es una de las ramas más importantes y desarrolladas dentro de su ordenamiento jurídico.
El sentido y la importancia de contar con reglas específicas es que las relaciones con los accionistas o con la compañía no siempre son claras. Se pueden destrozar negocios cuando no son bien manejados por los problemas que puedan generarse entre accionistas, por ejemplo, o con un administrador que desfalque las cuentas de una compañía.
Entonces, la Gran Reforma fue entender qué era lo que necesitaba nuestra legislación para incorporar las mejores prácticas. Esto no quiere decir que se va a evitar que algún administrador haga un mal uso de recursos o que algunos accionistas se peleen entre ellos. Lo que logramos, en definitiva, fue eliminar los arcaísmos que había en la legislación y modernizar las instituciones para, cuando lo anterior suceda, las partes puedan tener opciones para solucionar estos inconvenientes con bajos costos para el negocio. Pasamos de un derecho societario que se basaba en el control ex ante donde era más importante lo formal (inspecciones, escritura pública, papeles innecesarios), a otro ex post que se enfoca en resolver verdaderos problemas de agencia: peleas entre accionistas, protección accionistas minoritarios, transacción entre partes relacionadas, acciones de responsabilidad, resolución de conflictos societarios, cancelación expedita de compañías, etc. Es pensar en legislar para una mayoría que quiere hacer negocios y no al revés, es decir en una legislación que ponía trabas al honesto que necesita la compañía para emprender.
No cabe duda de que podemos decir con orgullo que Ecuador tiene la Ley de Compañías más avanzada de toda América Latina. El país ha ratificado su posición como líder en regulación societaria a nivel regional. En tres años se han lograron cambios muy importantes, siendo el último el que estamos celebrando.
Sin duda el reto está en las autoridades, operadores, academia, empresarios, abogados, estudiantes y todos quienes están llamados a aplicar la Ley. Debemos estar a la altura de las reformas y seguir sentando las bases para el desarrollo de este nuevo derecho societario. En un mes empieza el III Congreso de Derecho Societario que organiza El Instituto, lo que da la medida del interés e importancia que tiene el tema en nuestro país. Antes, no existían este tipo de eventos. Ahora, se empieza a conversar y discutir sobre la maravillosa Ley de Compañías y sus implicaciones.
Es fundamental aprender para poder aplicar una legislación construida y pensada en los empresarios. (O)
