El resultado de las elecciones del 9 de febrero pasado nos deja una conclusión clara: vivimos en un país dividido y, sea cual fuere el desenlace de la segunda vuelta electoral, ninguno de los dos finalistas presidenciales tendrá un adecuado espacio de gobernabilidad política y un margen de gobernabilidad económica más estrecho aún.
La polarización política evidenciada tras las elecciones de febrero genera un escenario incierto para la economía del país y las perspectivas para el futuro gobierno son desalentadoras. Mientras no exista un plan nacional de consenso las opciones siempre serán insuficientes y carentes de legitimidad. Frente a ello es vital identificar los más grandes y urgentes objetivos nacionales que puedan dar una viabilidad decente a la convivencia y supervivencia de los propios ciudadanos.
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Uno de los principales efectos de esta polarización será la dificultad para alcanzar consensos legislativos que permitan aplicar reformas estructurales urgentes. En un contexto donde el gasto público sigue siendo elevado y los ingresos fiscales no logran cubrir las necesidades del Estado, la falta de acuerdos políticos obstaculiza la implementación de medidas que garanticen estabilidad económica y confianza en los mercados.
En ese contexto se ubica, por ejemplo, la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Cómo lograrlo sin aplicar un nuevo ajuste tributario o profundizar aún más la ya preocupante deuda con los multilaterales? En materia tributaria es el país y su institucionalidad quienes quedan debiendo. Sino, hagamos un simple ejercicio de memoria: ¿qué gran avance se ha hecho en este ámbito desde la gestión decisiva, determinante e histórica que tuvo Elsa de Mena en los años 90, sembrando una verdadera cultura tributaria en el Ecuador? La respuesta es simple: ninguna.
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No hay peor ciego que el que no quiere ver, y, en este sentido, un gran consenso nacional deberá incluir la decisión política de cualquiera que gane la elección en segunda vuelta de ampliar la base tributaria en lugar de incrementar impuestos; reducir de verdad la evasión fiscal mediante una mayor fiscalización y control del cumplimiento tributario; simplificar el sistema tributario aplicando un esquema más claro y menos burocrático; revisar los incentivos fiscales a ciertos sectores y medir cuál es su retribución al país a cambio; y establecer incentivos a la inversión productiva que genere empleo y fortalezca la economía real, sin comprometer la recaudación fiscal.
Finalmente, como sociedad no podemos permitir que una situación incómoda como la polarización política sea la camisa de fuerza que determine nuestro destino general. El bienestar colectivo está muy por encima de las disputas entre grupos y esa debe ser nuestra exigencia ciudadana: que se pongan de acuerdo en la construcción de una agenda de Estado a largo plazo, más allá de los intereses políticos inmediatos de pocos. (O)
