Sacha, a menudo considerada la "joya de la corona" de la industria petrolera de Ecuador, ha sido durante mucho tiempo un objetivo para concesiones privadas debido a su alta producción. De hecho, las últimas cuatro administraciones han intentado encontrar un socio externo para su operación. La oferta de Sinopetrol, un consorcio formado por Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolia Ecuador S.A., consistía en un pago inicial de $1,500 millones. Además, el consorcio prometía invertir $1,750 millones en los próximos 20 años para aumentar la producción de crudo.
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Luego de adjudicar Sacha a Sinopetrol, el presidente Daniel Noboa tomó una salida de último minuto para deshacerse de un impopular acuerdo petrolero en medio de la protesta pública. En una carta pública emitida el 5 de marzo, lanzó un ultimátum a Sinopetrol, declarando que el contrato no se firmaría a menos que el consorcio desembolsara el pago de $1,500 millones antes del 11 de marzo. El pago nunca llegó.
El gobierno ansiaba concretar la concesión debido a los beneficios financieros inmediatos en medio de la campaña presidencial. El mismo presidente declaró que los ingresos se destinarían a gastos en beneficio de la población, una medida que algunos analistas interpretaron como un intento de ganar apoyo político. Ahora, el futuro de Sacha deberá resolverse después de la segunda vuelta.
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Más allá del acuerdo petrolero, el gobierno busca fuentes de financiamiento alternativas para fortalecer su liquidez. En febrero, desde el Ministerio de Finanzas se pidió a ejecutivos de los principales bancos del país su apoyo con la compra de nuevos bonos de corto plazo emitidos por el Ministerio de Finanzas. Aunque movilizar estos fondos con suficiente rapidez para influir en la opinión pública antes de la segunda vuelta podría ser un reto, la administración trabaja para generar la percepción de una economía en recuperación antes de la crucial votación. (O)