Las crisis generan oportunidades, pero eso solo es posible si se accionan elementos vitales para una nación, como su fuerza de trabajo, la movilidad económica desde el propio impulso social y la inteligencia de sus gobernantes.

La situación es crítica, todos los sabemos. El nuevo gobierno llega a administrar un país al borde la quiebra y con poco margen de maniobra. Muchos dirán que la austeridad y el ajuste deben aplicarse de forma emergente como una salida a la crisis. Pero aquello es caer en la misma fórmula de siempre: poner todos los huevos en la canasta de medidas fiscales y esperar que las cosas se resuelvan por arte de magia.

No se trata solamente de recortar un gasto por aquí y cargar impuestos por allá. La solución viene de movilizar inteligentemente los pocos recursos que disponemos. En ese sentido, la aplicación de decisiones valientes y efectivas se hace necesaria. Al déficit hay que gestionarlo de manera que juegue a favor del país.

Muchos rechazan de la palabra 'incentivo', pero es justamente ese recurso una herramienta eficaz para resolver en el corto y mediano plazo varios problemas urgentes. 

Partamos del hecho que cada punto de Impuesto a la Renta equivale a 200 millones de dólares. Una exención de 5 puntos para el sector privado equivaldría a 1.000 millones. Sin embargo, esa exención no sería gratuita. El Gobierno podría reducir esos puntos, de manera que cada empresa tenga del 1% al 5% de este beneficio fiscal por un año, si logra incrementar, al menos, el 10% de su plantilla laboral. 

El objetivo de ello es crear nuevos puestos de trabajo para 180.000 ecuatorianos que podrían acceder a empleo adecuado. Si tomamos en cuenta que 1.8 millones de ecuatorianos están en el rubro de empleo no adecuado, se estaría afectando positivamente al 10% de ese segmento de personas.

Una verdadera reactivación

Si esos 180.000 ecuatorianos logran ingresar al mercado laboral con un salario mínimo de 500 dólares mensuales por 12 meses, se lograría movilizar, al menos, 90 millones de dólares en la sociedad.

Este incentivo se aplicaría desde enero de 2024 y durante todo ese año las empresas dispondrían de esa ventaja para inyectar esos recursos en generación de empleo. El beneficio acabaría en el primer trimestre de 2025 en que las empresas vuelven a pagar completo el Impuesto a la Renta, pero para entonces ya habrían crecido en cuanto a generación de recursos y de reactivación.

No se trata solo de generación de empleo: si más ecuatorianos están incorporados en el mercado laboral adecuado, se incrementa la recaudación del IVA pues todos ellos ingresan en la dinámica de consumo, y esa formalidad tendrá además un impacto positivo para recuperar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues esos nuevos empleados incrementarán el nivel de afiliados al sistema y se constituyen en nuevos aportantes que representen un alivio importante en la presión de la entidad respecto de las pensiones jubilares, debido a que se requiere de seis cotizantes activos para mantener a 1.6 jubilados.

Todo esto, sin contar con un detalle adicional que es la generación de empleo adecuado como un factor que evita el que las personas se vinculen a las actividades delincuenciales del crimen organizado, lo que representaría una reducción en los índices de inseguridad. 

Finalmente, no se trata solamente de incrementar empleados, sino de enfocar este esfuerzo en tres vertientes importantes: empleo nuevo para nuevos profesionales provenientes de las universidades y los institutos técnicos, empleo con visión de paridad de género y el empleo senior que contemple la contratación de ecuatorianos mayores de 45 años o, en su defecto, el mantener sus contrataciones actuales.

Todo se configura ahora como urgente: es clave que estas medidas entren en vigencia desde el 1 de enero de 2024, pues un leve retraso haría inútil cualquier esfuerzo. 

Las respuestas deben aplicarse hoy y los problemas deben enfrentarse ahora. (O)