Uno de los grandes errores de la política económica es pretender ignorar realidades, tapar el sol con un dedo o abstraerse de verdades. No creo que ese sea el caso del actual gobierno, pues considero que reconoce la gravedad de la situación fiscal pero la realidad es que se acaban de congelar los precios de los derivados de combustibles y por las razones que sean esa es la decisión adoptada.
La administración económica de un país siempre debe sustentarse en criterios de seguridad y prudencia. Así como no es conveniente inflar ingresos con supuestos poco convincentes o subestimar gastos para “reducir” el déficit fiscal, es también errado tornar al manejo fiscal vulnerable por incluir supuestos dependientes de factores externos ajenos a la gestión económica interna. Fijar por ejemplo un precio del petróleo elevado por ser ese el comportamiento del mercado internacional o las predicciones que se dispone, es tornar al presupuesto vulnerable porque la variación del precio del crudo es potestad de la economía internacional donde el Ecuador no tiene incidencia alguna. Así mismo, alejarse del precio y fijar el mismo muy por debajo de las estimaciones es asegurar los ingresos fiscales y, por lo tanto, despreocuparse que los gastos puedan tener falta de financiamiento.
Un porcentaje mayoritario de los derivados del petróleo como gas, gasolinas y diesel son importados, por lo que los precios de los mismos vienen dados por el mercado externo. Esto significa que podrán variar hacia arriba o hacia abajo beneficiando o perjudicando a las finanzas públicas. Esto implica que la aplicación del presupuesto del Estado va a depender de un factor que no controla, es decir, una parte importante de los ingresos fiscales y el consecuente financiamiento del gasto público está en manos de factores externos al país. Esto que parece obvio a ratos parece que no se entiende o simplemente no se quiere entender. La ceguera de ciertos grupos políticos, la ambición electoral de determinados políticos o tal vez la absoluta ignorancia de algunos, ha presionado al gobierno para que éste adopte una decisión que destruye una reforma estructural que es vincular las finanzas públicas a la realidad de los mercados internacionales, como se indicó, protegiendo la búsqueda de sanear las finanzas públicas.
Pero el problema no termina en el manejo del presupuesto estatal, conlleva otras secuelas de distinta naturaleza. Además de generarle más presión fiscal al Estado, el congelamiento de precios mantiene la protección a un sector que no requiere el subsidio del Estado por ser económicamente más favorecido. Interrumpir el esquema de ajuste automático de los precios de los derivados sepulta una reforma que iba resolviendo un problema vigente desde 1973 que fue aquel que subsidió a los más ricos y alentó el contrabando de combustibles a los países vecinos. Algunos cálculos muestran que el subsidio a los derivados le ha costado al Estado en los últimos casi 50 años alrededor de USD 70 mil millones sin que los sectores más pobres del país se hayan beneficiado de tal subvención estatal.
Otro factor derivado de esta decisión es el caso de la protección ambiental. El gobierno acertadamente busca proteger la riqueza marina de las Islas Galápagos extendiendo la zona de reserva pero de manera simultánea mantiene fijos los precios de los derivados de petróleo mientras de forma paralela alienta nueva inversión petrolera y minera. Va a resultar complicado desenredar este embrollo de acciones. Ojalá algún rato reine la sensatez y no el bloqueo de grupos políticos que venden ficciones económicas o buscan solo el beneficio electoral del grupo al que representan sin importar el impacto negativo para el país. (O)
