Ecuador atraviesa una crisis energética sin precedentes, exacerbada por su dependencia del 70% de la generación hidroeléctrica y una sequía histórica que ha afectado gravemente su capacidad de producción. El resultado: apagones programados que, en algunas zonas, superan las 14 horas diarias. Este déficit energético, estimado en un 30% de la demanda total del país, sumado al crecimiento constante de dicha demanda, ha profundizado la crisis, dejando en evidencia la necesidad urgente de soluciones estructurales.

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Ante esta realidad, el Gobierno Nacional ha implementado una serie de medidas con el objetivo de mitigar temporalmente la crisis energética. Entre ellas destacan la reducción de la tarifa del IVA para la importación de generadores eléctricos, la reducción temporal de aranceles, la oferta de créditos a través de BanEcuador y la suspensión del pago de planillas eléctricas durante tres meses. No obstante, estas medidas esconden incoherencias significativas que merecen ser examinadas, especialmente al contrastarlas con los proyectos de inversión privada en energía renovable, actualmente estancados en la burocracia.

El Decreto Ejecutivo que impone una tarifa del 0% de IVA a la importación y venta de generadores eléctricos puede parecer una solución que alivia a los consumidores. Sin embargo, eliminar esta fuente de ingresos genera una disminución real en los recursos fiscales, lo que repercute en el presupuesto estatal. Adicionalmente, la reducción de aranceles para estos equipos, aunque bienvenida, resulta en gran medida innecesaria, ya que muchas de estas importaciones ya se beneficiaban de acuerdos comerciales previos. Sin embargo, otros tributos, como el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), siguen encareciendo los costos para los importadores y consumidores.

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Por otro lado, el programa "Crédito Energía Ciudadana" de BanEcuador, con tasas de interés que oscilan entre el 11,86% y el 16,30%, añade una carga adicional al presupuesto estatal. Lejos de ser soluciones de largo plazo, estas políticas representan un gasto significativo sin atacar de raíz la crisis energética y aumentando la crisis económica nacional.

Proyectos de energía renovable atrapados por la burocracia

Desde 2022, Ecuador ha firmado contratos de concesión para importantes proyectos de energía renovable, como el proyecto fotovoltaico "El Aromo" en Manabí y el eólico "Villonaco" en Loja. En 2023, se sumaron 10 nuevas concesiones que abarcan proyectos clave como "San Jacinto", "Intiyana", "Proyecto Ambi Solar", "Imbabura Solar", "Urcuquí", "Santa Rosa", "Ñañapura", entre otros, con inversiones de aproximadamente US$ 1,000 millones de dólares, alcanzando en conjunto 800 megavatios. Estas inversiones no solo proporcionarían energía limpia y renovable, sino que también crearían empleo directo y generarían divisas, algo urgentemente necesario para el país.

Sin embargo, el avance de estos proyectos ha sido paralizado por la burocracia. Aunque han sido adjudicados y cuentan con dictámenes favorables del ente rector de las finanzas publicas del Ecuador, la firma de los contratos de inversión que garantizarían beneficios tributarios sigue pendiente. Esta parálisis es una contradicción flagrante, ya que estos proyectos de energía renovable no solo contribuirían a aliviar la crisis energética, sino que también fortalecerían la seguridad energética del país a largo plazo.

El retraso en la ejecución de estos proyectos, además de su impacto inmediato en la crisis energética, pone en riesgo el equilibrio económico de los mismos. Al no cumplirse con los plazos de inicio, las empresas desarrolladoras podrían exigir reequilibrios económicos debido a cambios en las condiciones normativas, lo que complicaría aún más la situación y podría desincentivar futuras inversiones.

La urgencia de un nuevo enfoque

La contradicción es clara: el Estado gasta en soluciones transitorias y costosas, pero bloquea las inversiones privadas que traerían estabilidad a largo plazo. Los proyectos renovables adjudicados, que podrían ser una solución estructural al déficit energético del país, están detenidos en un limbo burocrático que impide su ejecución. Mientras tanto, el gobierno implementa medidas paliativas que no solucionan el problema de fondo y sobrecargan aún más el presupuesto estatal.

Es urgente que se prioricen las inversiones privadas, ya que estas podrían generar los megavatios que el país tanto necesita para superar su crisis energética. Además, estos proyectos ya cuentan con los permisos necesarios y solo requieren que se firmen los contratos de inversión para poder avanzar. De continuar la burocracia frenando su implementación, Ecuador seguirá enfrentando apagones prolongados, afectando no solo a los ciudadanos, sino también a la productividad económica del país.

La solución a la crisis energética de Ecuador no está en exoneraciones fiscales temporales o en créditos que incrementan el gasto estatal sin ofrecer una solución a largo plazo. El país necesita liberar las inversiones privadas, agilizar los trámites burocráticos y permitir que los proyectos de energía renovable avancen. Estos proyectos no solo aliviarán la crisis energética, sino que traerán empleo, divisas y un futuro menos dependiente del gasto público.

Es hora de dejar de lado las excusas y permitir que el capital privado juegue su rol en la recuperación del país. Las inversiones privadas en energías renovables pueden ser la clave para resolver la crisis actual, pero mientras el Estado siga aferrándose a medidas transitorias y a una burocracia ineficiente, la crisis energética continuará agravándose. (O)