El Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, de 15% a la televisión paga, fue aprobado como parte de la reforma tributaria de 2011, una de tantas promovidas en la década del correísmo, bajo la justificación que era un servicio “pelucón”. Un concepto tergiversado que se remontaba a los años 80s, cuando era visto como un privilegio de la elite; pero una generación después no lo era ni por lejos. Así como no tenía razón de ser hace una década, menos lo tiene ahora en momentos que el 86% de los abonados pertenecen a la clase media y baja, incluido el segmento de 640 dólares mensuales de ingreso familiar. Usuarios que, en un afán de disfrutar del acceso a un mayor número de canales, como un factor de calidad de vida, están obligados a pagar el recargo como si efectivamente fuera un lujo.
En términos generales, la política pública debe apuntar al incremento de penetración de los servicios de telecomunicaciones como parte del objetivo, garantizado por la Constitución, de acceso universal, un concepto de ámbito multidimensional en cuya centralidad está la inclusión social y también la igualdad nominal entre ecuatorianos.
La paradoja es que el índice respectivo ha venido declinando rápidamente de 32% en 2018 a apenas 18% en la actualidad. En apenas tres años ha caído casi a la mitad. Suenan las alarmas toda vez que en la región el promedio sigue estando en rangos entre 60% de México, 48% Colombia y 36% Perú, todos muy por encima de Ecuador.
A más del ICE, que afecta la oferta de planes más accesibles a la población, hay otros factores que están incidiendo en la rápida pérdida del mercado formal de televisión paga, donde los principales actores son DirecTV Ecuador, CNT EP y TV Cable, a más de 640 empresa cableras distribuidas en el territorio nacional.
Uno que gravita de forma devastadora es la piratería que, desde hace mucho tiempo, está fuera de control y compite deslealmente con las empresas que pagan impuestos, ofreciendo a discreción tarifas muy por debajo de su costo real. Mientras una compañía legalmente establecida oferta 71 canales por 25 dólares, una pirata por apenas cinco dólares pone a disposición 1.200 canales. Desde luego, sus abonados no pagan ICE como tampoco IVA, ni que decir de sus proveedores que evaden el impuesto a la renta.
De acuerdo a un reporte de IPSOS, que pone en contexto la situación en el ámbito regional, el 61% de la población hispanoparlante consume piratería, siendo Ecuador el país que encabeza el listado con un 72%. Tanto la retransmisión ilegal a la vez que el subreporte de los abonados efectivos, representan una pérdida multimillonaria para el sector de telecomunicaciones y en particular de los prestadores formales de servicios de audio y vídeo por suscripción que asciende a 99 millones de dólares (incluyendo la piratería online). Sobre esta base de estimación de pérdida de ingresos, se puede colegir que existe por este concepto una evasión fiscal de 26 millones de dólares al año. Si hubiera más formalidad en el giro de negocio, esta actividad podría generar 1.000 nuevas plazas de trabajo.
De otra parte, esta el poderoso influjo de las plataformas “streaming” que al igual que en otros países han sido obligadas a cargar el IVA en las planillas de los abonados locales, vía tarjeta de crédito; pero quedan al margen del cuestionado ICE.
En la última reforma tributaria promovida por el Gobierno del presidente Lasso, se incluyó una prescripción según la cual el Ejecutivo podrá mediante Decreto regular los ICE, en general, de modo que puede ser una puerta abierta para dar paso a la eliminación de este impuesto distorsionante, que impide que las operadoras del servicio de televisión pagada puedan competir en condiciones más justas y equitativas. Tal como va la tendencia de una rápida disminución de penetración y a la vez de número de abonados, pronto no va a quedar a quien cobrar dicho consumo especial, que es, a todas luces, un contrasentido. (O)
