No se puede decir que los problemas del presupuesto del estado y del sector público consolidado son recientes, pues sin duda se han acumulado por varias décadas pero el proceso lejos de ir mejorando se ha deteriorado. Esto significa que no será posible seguir en una franca espera sin ir corrigiendo todos los daños que presenta. El mayor riesgo que se tiene es que si la situación se la mantiene como está, cuando revienten los problemas el arreglo va a ser mucho más costoso, tanto en lo económico como en lo social y político. Las secuelas de una suerte de impavidez para tomar decisiones difíciles pero necesarias es la estabilidad macroeconómica con todo lo que ello implica para el mantenimiento de la propia dolarización.

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La estructura de los ingresos debe sustentarse en bases sólidas y de mayor injerencia de la política económica. Seguirle apostando al precio del petróleo como la solución de los problemas de ingresos o de financiamiento es un error. El ingreso petrolero depende mucho más del mercado internacional que de las gestiones internas. Establecer un precio del petróleo cercano a las estimaciones internacionales especializadas es una equivocación, pues es tornar a los ingresos fiscales más volátiles y dependientes de factores que el país no controla como es el precio del crudo. Mientras más nos alejemos por debajo de las expectativas del precio del petróleo es más seguro y conveniente. Obviamente para ello se requieren adoptar muchas otras decisiones que permitan esa política de prudencia en el ingreso petrolero del presupuesto. En estricto sentido, el ingreso del petróleo, sobre todo el de exportación por sobre el de la venta interna de derivados, debería acumular recursos en un fondo de estabilización macroeconómico que nos permita sortear contingencias futuras como hace algo más de 20 años se lo creó pero luego el populismo económico lo terminó desarmando totalmente.

El caso del ingreso del presupuesto en materia tributaria, que sin duda lidera la totalidad de los ingresos, debe emitir señales de estabilidad y certidumbre, sobre todo para animar la inversión privada nacional y extranjera. Los continuos cambios tributarios producen inestabilidady son también una manifestación desfavorable para cualquier inversionista que demanda seguridad y permanencia de las reglas tributarias. Esto, por supuesto, en nada se contradice con la necesidad de ir corrigiendo las distorsiones y los problemas de evasión y elusión tributaria. Una mayor simplificación tributaria pueden ser también ajustes necesarios a la normativa vigente que ayude a la actividad privada. El nivel de los tributos debe ser tal que recaude lo que técnicamente se requiere pero sin provocar restricciones para la actividad del sector privado.

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En el ámbito del gasto público los esfuerzos que deben realizarse son iguales e inclusive mayores a los anotados en el caso de los ingresos del presupuesto. Se tienen varias circunstancias como es la magnitud del gasto, la calidad del mismo, la ejecución de los egresos y la distribución de los recursos. Destinar cerca del 38% del PIB en el gasto público agregado muestra a todas luces un exceso, púes durante el período 2000 al 2006 el porcentaje por este concepto fue en promedio del 21%. Si bien un valor cercano al 80% se concentra en los sectores de educación, salud y seguridad (Fuerzas Armadas y Policía Nacional), esto en absoluto quiere decir que no se presenten excesos y falta de calidad en estos sectores. Entre los años 2000 y 2006 donde el valor transferido era muy inferior, ¿acaso los servicios públicos en materia de salud y educación eran tan distintos a los actuales? Algunos ejemplos ilustran esta materia como es la ley que obliga a transferir a educación y salud para el 2025 el 6% y el 4% del PIB, respectivamente, sin exigir una sola meta u objetivo a lograr. Así mismo, no solo hay un problema de número excesivo de ciertos servidores públicos que no tienen ni funciones ni roles ni competencias sino el nivel salarial que duplica al del sector privado.

Dentro del concepto de calidad del gasto se tiene al problema de la rendición de cuentas, pues por ejemplo en el 10% del ingreso petrolero y el 20% del ingreso tributario que se transfiere a los Gad's no se tienen ni indicios del destino de esos fondos a pesar de que, paradójicamente, se contabilizan como gastos de inversión cuando la mayor cantidad son realmente egresos operativos y corrientes de municipios y prefecturas.

El caso del peso que ya representa el servicio de la deuda en intereses supera a todos los gastos excepto el de educación. Es necesaria una política de largo plazo que permita una mejor gestión en materia de endeudamiento público, pues ya estamos a las puertas de pagos sustantivamente mayores de capital e intereses de deuda a pesar de la última renegociación. Han pasado ya casi 5 años de la reestructuración de la deuda con tenedores de bonos y no se ha podido resolver para el mediano y largo plazo esta situación de exceso de endeudamiento.

En materia de deuda interna siguen vigentes profundos problemas como el de la relación estado - seguridad social, pues sin una reforma estructural y profunda en lo pensional y en salud, se compromete la viabilidad futura de las pensiones y se amenaza seriamente la estabilidad fiscal.

La existencia de empresas públicas es otro problema grueso no resuelto. ¿Debe seguir el estado fungiendo de empresario? La experiencia de permitir al sector público que administre empresas de telecomunicaciones, hidroeléctricas, empresas petroleras y de gas, entre las principales, ha sido lamentable. Si no se define el rol del estado y se permite con todas las facilidades posibles la participación privada en estas actividades, el gasto público seguirá siendo de mala calidad, se distraerán recursos en lo que no le compete al estado y se acumularán desequilibrios fiscales que demandarán más deuda pública y más ajustes.

Estos son varios de los cimientos debilitados de las finanzas públicas que sin los correctivos necesarios podrían dar de baja la estabilidad y hasta la propia dolarización. (O)