Se podría señalar que hay dos posiciones extremas en el tema de la reducción del gasto público, desde aquellos que sostienen la total inflexibilidad del gasto considerando que el grueso del total se concentra en las áreas de salud, educación, fuerzas armadas y policía nacional como sí estas competencias fueran totalmente eficientes, hasta aquellos que sin considerar las restricciones existentes repiten que el gasto debe bajar con la sola decisión de las autoridades de turno. Probablemente la realidad está en algún punto intermedio entre ambas posturas con algo que sin duda se puede adelantar: si es posible reducir el gasto del estado.

Entre el año 2000 y el 2006, el gasto público del sector público no financiero que excluye la banca pública como la CFN, el Banco del Estado, Banecuador, representaba en promedio del 21% del PIB. Se excluye la banca pública porque se asume, entre otras razones, que no depende del presupuesto del estado y son instituciones autosuficientes en la generación de sus propios ingresos. Este indicador de gasto frente al PIB que puede servir de un proxy para medir el tamaño del Estado, subió de forma acelerada desde el 2007 hasta alcanzar el 44% del PIB en el 2013 y 2014. A partir de esa fecha la relación gasto respecto del PIB ha disminuido, aunque de manera menos intensa, representando el 2023 el 38%. Estas cifras inducen a pensar que, si el volumen del gasto ha crecido de forma tan significativa, ¿por qué el grueso del gasto que está concentrado en esos 4 sectores no ha producido servicios de calidad que evidencien ese aumento de fondos asignados? Sin duda que parte de la explicación es porque no existe una calidad de gasto público lo suficiente como para traspasar esa mayor cantidad de recursos en mejores servicios públicos a la ciudadanía en materia de salud, educación o seguridad.

Otro factor que debe considerarse es si la entrega de servicios de salud, educación o seguridad están exclusivamente atados a la cantidad de fondos asignados o si la entrega de estos recursos para supuestamente el beneficio de la ciudadanía contempla también una mejor administración. Probablemente la importancia de la calidad del gasto público es bastante más importante de lo que se puede asumir. En la estructura de la calidad del gasto está, lamentablemente, los problemas de corrupción y la falta de rendición de cuentas. Basta recordar los fondos asignados a hospitales y demás centros de atención médica a nivel nacional durante la pandemia del Covid y que fueron mal utilizados generando varios escándalos de corrupción.

Tampoco el tema del gasto público y su mal uso está únicamente en estos rubros. ¿Qué ocurre con las transferencias del gobierno central a municipios, prefecturas y juntas parroquiales que no rinden cuenta prácticamente a nadie? En este concepto se tienen más de USD 2.500 millones anuales donde sobresalen mayoritariamente gastos infructuosos y poco relevantes para lo que debería ser la gestión de un gobierno seccional. Sabemos, por otra parte, ¿cómo se usan los fondos del presupuesto del estado asignados a entidades de control, a otros poderes del estado como el Consejo de Participación Ciudadana y CNE, al Consejo Nacional de Justicia o a instituciones autónomas como Petroecuador, el IESS, ¿el Consejo de la Judicatura, entre muchas más?

La ley impone que se le entregue hasta el 6% del PIB a la educación, ¿dice acaso si esta entrega de fondos debe considerar principios de calidad de gasto público y no solo la mera entrega de recursos fiscales?

¿Existe la real necesidad de mantener el actual tamaño del parque automotor del sector público donde se destinan fondos para mantenimiento, seguros, reparaciones, reemplazos, choferes y demás? En otros países como Chile, a nivel ministerial se le asigna un vehículo solo al ministro, el resto de personal desde viceministros, subsecretarios, directores y demás no tienen vehículos para su uso.

La Contraloría General del Estado realiza el seguimiento y control del gasto de entidades públicas bajo las normas legales vigentes, pero no está en su ámbito el juzgamiento de la calidad del gasto desde una perspectiva financiera y económica. 

Por otra parte, ¿cuándo mismo se definirá el rol del estado y si éste debe participar en actividades empresariales? ¿Es una función del estado vender gasolina, administrar empresas de telecomunicaciones, gerenciar empresas eléctricas, entidades de hidroelectricidad, etc.? Estimo que el estado debe concentrarse en la generación de servicios públicos de buena calidad en educación, seguridad, justicia, salud y seguridad social. No debe cumplir roles empresariales porque no es su esencia, no lo hace bien, distrae fondos y termina actuando de juez y parte.

La eliminación de los subsidios a los derivados de petróleo, gasolinas y diesel principalmente, con una focalización paralela a los sectores que requieren apoyo estatal, la renegociación amigable, voluntaria y de mercado de la deuda externa con tenedores de bonos, el apoyo de los multilaterales en nuevo financiamiento y alivio de las condiciones de los créditos, el congelamiento salarial en el sector público y la prohibición de llenar vacantes, la baja del gasto en bienes y servicios atado a la nómina que deberá irse reduciendo, son otras acciones de disminución del gasto público.

Acaba de difundirse un aporte significativo en esta materia de racionalización del gasto público por parte de la USFQ y su Escuela de Economía, donde con bastante detalle se señalan formas de reducir y mejorar el gasto público y consolidar las finanzas públicas.

Lo anotado sugiere que parquearse en el argumento que no hay como hacer casi nada en el gasto por la concentración del mismo en temas prioritarios como salud, educación, y seguridad, es una visión muy parcial y poco proactiva para buscar mejorar las finanzas públicas. Las acciones no son fáciles de realizar, requieren un fuerte liderazgo del presidente de la república y su gabinete, demanda acuerdos políticos y consensos, así como una firme decisión de avanzar en estos temas. Caso contrario, seguiremos en esta interminable carrera de seguir cubriendo déficits fiscales con más impuestos y más deuda pública, senda que comprometerá el futuro e impedirá el progreso del país. (O)