El riesgo país es un indicador económico que evalúa la probabilidad de un no cumplimiento de sus obligaciones financieras, ya sea con inversionistas extranjeros, acreedores o con su propia deuda soberana. Este indicador se ha convertido en una herramienta fundamental para inversores, instituciones financieras y gobiernos, ya que proporciona una medida del riesgo asociado a invertir o hacer negocios en un país determinado.
El concepto de riesgo país cobró relevancia en la década de 1970, cuando varios países en desarrollo enfrentaron crisis de deuda. En la década de 1980, la crisis de la deuda latinoamericana aumentó la necesidad de contar con indicadores que permitieran evaluar la solvencia de los países. A partir de entonces, diversas agencias y entidades comenzaron a desarrollar metodologías para medir y calificar el riesgo país.
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El riesgo país se cuantifica a través de un indicador denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), elaborado por la entidad financiera JP Morgan. Este índice mide la diferencia de rendimiento entre los bonos de deuda externa de un país y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de bajo riesgo. Se orienta a apoyar a los inversionistas para evaluar el riesgo asociado a la inversión en mercados emergentes.
El índice tiene diversos espacios para su utilización: permite evaluar el riesgo de impago de la deuda soberana y de las empresas que operan en un país; proporciona una señal sobre la percepción de los inversores internacionales sobre la salud económica y financiera del país; sirve como un indicador para evaluar la aplicación de las políticas económicas y la salud de las finanzas públicas de un país. El EMBI+ refleja la sobretasa que un país debe pagar a sus acreedores para compensar el mayor riesgo que asumen al prestarle dinero.
Además de JP Morgan, otras instituciones también participan en el seguimiento del riesgo país: el FMI, el Banco Mundial y las agencias de calificación, con sus análisis de la situación financiera y crediticia de los países miembros.
Si bien el Índice de Riesgo País como tal no está formalmente "aprobado" por una instancia internacional específica o una institución transnacional, en el sentido de una certificación oficial, su uso y aceptación son ampliamente reconocidos y establecidos en el sistema financiero internacional. Pero ha sido objeto de objeciones metodológicas y de fondo.
En lo esencial, las metodologías de medición tienen visos de subjetividad y de estar influenciadas por sesgos políticos o ideológicos. Por otra parte, el riesgo país tiende a aumentar durante las crisis, lo que puede exacerbar la inestabilidad financiera. El subjetivismo y sesgo con el que se realizan las evaluaciones, pueden traer tras de sí intereses de quienes pugnan por mayores rendimientos financieros, a partir de las transacciones de bonos y expectativas para inversiones.
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El riesgo país puede simplificar en exceso la complejidad de las economías nacionales, omitiendo factores importantes como los indicadores macroeconómicos, la estabilidad política, la calidad institucional y el capital humano. Este hecho, además de la alta credibilidad de los medios empresariales y de los políticos en las evaluaciones del riesgo país, influye en forma determinante en su crecimiento en respuesta a hechos políticos y sociales, como los resultados de las elecciones que no satisfagan a esos medios. Como consecuencia, un riesgo país alto puede disuadir la inversión extranjera y aumentar los costos de financiamiento para el país.
Las objeciones al instrumento también tocan la posible utilización como una herramienta para ejercer presión política sobre los países en desarrollo, e influir en la adopción de políticas económicas que no siempre responden a sus propias necesidades.
El uso generalizado y aceptación del índice de riesgo país por parte de los participantes del mercado, así como su consideración por instituciones internacionales, lo convierten en un indicador reconocido en el sistema financiero internacional. (O)