El Sistema de Seguridad Social en Ecuador está quebrado, pero nadie quiere aceptar esta realidad. Los expertos aseguran que la crisis es muy grave, pero cuando están a cargo no ven tan difícil la solución. El actual presidente del directorio del IESS, Jorge Madera, participó en el último diagnóstico sobre seguridad social realizado con el apoyo del Banco Mundial. Este estudio determinó que el IESS tendría problemas para cumplir con las pensiones en 2022, sin embargo, ahora sostiene que hay otros factores a considerar. Solo aceptando la gravedad del problema pueden establecerse soluciones proporcionadas.

El sistema se ha llevado hasta la quiebra al convertir un sistema previsional en un sistema de reparto; el dinero que ingresa se distribuye en varios fondos, los principales son el de pensiones y el de salud, pero no alcanza para cubrir las obligaciones y se resuelve pasando recursos de un fondo a otro y luego tomando del fondo de ahorros para cumplir las obligaciones. Esta descapitalización impone una fecha para la sepultura del sistema puesto que se conoce el monto de ahorros y el monto de retiros mensuales. En el 2015 el fondo de salud era deficitario, la solución fue reducir el fondo de pensiones del 9.44% al 5.76% para resolver el problema de salud, ahora los dos fondos son deficitarios. 

Para salvar un sistema quebrado solo hay tres soluciones: aplazar la edad de jubilación, incrementar los aportes de los trabajadores y los empleadores y congelar o reducir las pensiones. Ningún gobierno quiere afrontar alguna de estas soluciones y peor las tres simultáneamente. Se han planteado algunas soluciones y para establecer su viabilidad es necesario analizar las causas de la crisis. 

El manejo político de la Seguridad Social.

Mientras el delegado del gobierno sea presidente del directorio y responsable de la Seguridad Social el sistema estará en manos de sumisos al gobierno de turno que continuarán actuando con intereses políticos coyunturales. El gobierno incumple el aporte del 40% para financiar las pensiones, se atrasa en los pagos por servicios a los funcionarios públicos y además toma los recursos líquidos de la Seguridad Social y entrega papeles o promesas de pago al sistema. Así la deuda del Estado al IESS ha llegado a ser confusa, algunos hablan de dos mil millones y otros hasta de siete mil millones.

Problema político adicional es el incremento de funcionarios; cada gobierno incrementa la nómina para cumplir con promesas de campaña. Con la tecnología debería reducirse el número de burócratas, pero más bien se incrementa. En 2013 eran 19.520 funcionarios y en el 2018 ya llegaban a 38.154. La crisis se debe también a la pésima administración, la creación de obligaciones sin financiamiento como la atención de salud a los hijos de los afiliados y aumento de las pensiones. La Seguridad Social es propietaria de gran cantidad de bienes inmuebles improductivos. Y finalmente la corrupción; el último presidente del directorio guarda prisión y otro anterior está prófugo.

Propuestas de solución.

Desde hace algunos años se proclama la necesidad de una reforma total de la Ley de Seguridad Social. Para el sector oficial, la solución es la reforma del sistema. Para el sector privado la solución es la administración profesional mediante Administradoras de Fondos que lleven cuentas individuales de los aportes de los trabajadores más el aporte de los empleadores. 

La Cámara de Comercio de Quito sostiene que el sistema exige reformas institucionales que le den independencia y autonomía al IESS y al BIESS. Las reformas propuestas plantean el manejo profesional de los recursos, liberados del manejo político; la diversificación de la cartera para obtener mayor rentabilidad; la reforma administrativa con procesos técnicos; la creación de Administradoras de Fondos públicas o privadas con controles estrictos y la reforma de la jubilación patronal. 

Retorno al origen

Cuando Otto von Bismark creó el sistema de seguridad social, hace poco menos de 140 años, se advirtió que el trabajador no estaba en capacidad de ahorrar lo suficiente para una jubilación digna, eso exigía aportes patronales para asegurar la jubilación y aceptando el hecho de que incluso en esas condiciones no se aseguraban pensiones vitalicias, se llegó a concebir el sistema tripartito de la seguridad social compuesto por los aportes del trabajador, del empleador y del Estado.

Con el tiempo se han introducido variaciones al sistema, pero los cambios fundamentales que han provocado la crisis no son negativos sino positivos. Se trata del notable incremento de la esperanza de vida por los avances médicos y tecnológicos, la educación, reducción de la mortalidad infantil y acceso de la población a los servicios sanitarios. La esperanza de vida de los ecuatorianos al nacer era de 52.98 años en 1960 y, según el Banco Mundial, de 76.3 años en 2018. El cálculo actuarial considera todos estos factores dinámicos para establecer el monto de los aportes y la rentabilidad de los recursos.

La reforma estructural del sistema de seguridad social debe hacerse con urgencia partiendo de la situación real del sistema en Ecuador y los cálculos actuariales para mantenerlo en el tiempo. Ningún sistema podrá sobrevivir si no cambian las condiciones que han llevado a la quiebra. Los factores a tomar en cuenta son los siguientes:

• Sistema tripartito que garantice las prestaciones de salud y pensiones en condiciones de dignidad.
• Prohibición de crear nuevas prestaciones o incrementos que no estén debidamente financiados
• Impedir que la Seguridad Social siga siendo un botín político del gobierno de turno para obtener recursos y proveer empleos.
• Administración profesional del sistema despojando al Estado del monopolio. Algunos sugieren una dirección rotativa del Estado, los empleadores y los trabajadores.
• Manejo de cuentas individuales sin perder las ventajas de la capitalización colectiva y el principio de solidaridad.
• Autonomía para la administración del sistema y profesionales que garanticen la diversificación de las inversiones y la máxima rentabilidad.

Parece que los políticos, interesados en el corto plazo y las consecuencias electorales de sus decisiones, carecen de interés en afrontar la reforma necesaria y aplazarán la solución hasta los límites de supervivencia del sistema seguridad social. (O)