La amnistía concedida la semana anterior por 99 asambleístas a 268 personas, en su mayoría delincuentes comunes, es el último bodrio expedido por una legislatura que ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de plastas, pero que, en esta ocasión, resulta mucho más peligroso de lo que imaginamos. 

Y es que este acto evidente de desafío y enfrentamiento descarado en contra de las ciudades y habitantes que sufrieron desmanes, agresiones y delitos en octubre de 2019, no se sostiene solamente en un informe y en una resolución que constituyen una verdadera chapuza ilegítima e inconstitucional, que refleja además el pobrísimo nivel intelectual de sus autores y suscribientes, algo que es demasiado evidente, sino que esa mayoría que en este caso sumó unos cuantos despistados y perdió otros miembros tan fieles como ladinos, acaba de quemar sus naves en nuestras narices y, en consecuencia, ha empezado la batalla final poniendo por delante el cuerpo de sus soldados heridos para que la turba los destroce a dentelladas. 

Lo evidente se dio ya con el enfrentamiento entre la indignada ciudadanía y una asamblea que representa la podredumbre máxima de la política del país. Inmediatamente han brotado las voces de lado y lado pidiendo la muerte cruzada, es decir, poniendo fin a la peor legislatura de nuestra historia y exponiendo al gobierno de Guillermo Lasso a la incierta aventura de un nuevo proceso eleccionario en el que no solo que el actual gobernante puede perder su cargo, sino que además la asamblea tendría una composición casi exacta a la que hoy se pretende enviar a casa. ¡Jaque mate! 

Por si faltaran algunos otros ingredientes en esta fanesca de granos fermentados y toneladas de pescado podrido, la mayoría móvil de los 99 más los ladinos y menos los arrepentidos, tiene arrinconado al gobierno con la amenaza de una derogatoria de la ley tributaria y con el bloqueo de sus nuevos proyectos legales, y le dice de frente, con toda su astucia y malicia: ¿Qué esperas para pedir mi muerte, tu muerte, nuestra muerte? 

Entretanto, los delincuentes que destruyeron ciudades y bienes públicos en octubre de 2019, se frotan las manos y amenazan otra vez con nuevas movilizaciones. Saben que son intocables, impunes, todopoderosos, pues, por ahora, los protegen sus compinches de esa mayoría política a la que no le interesa en lo más mínimo la estabilidad del país, la democracia o el encuentro, conceptos absolutamente antagónicos con sus verdaderos intereses: el caos, la confrontación y sobre todo la impunidad, y de ahí como por un tobogán alcanzar el poder para desmontar lo montado, amarrarlo todo y sostenerse a flote durante el mayor tiempo que les sea posible.

Tras esta vergonzosa amnistía, los mineros ilegales que cometieron delitos execrables en lugares como Buenos Aires, Napo o Zamora, pueden volver a hacer de las suyas. También los abusadores sexuales de mujeres policías podrán seguir su vida tan campante. Y los secuestradores, torturadores, agresores, homicidas potenciales, destructores de ciudades, monumentos, edificios y documentos públicos tienen vía libre para volver a hacer lo que les dé la gana, pues sus amigos, cómplices y encubridores, les han otorgado una suerte de perdón divino, un salvoconducto para asolar nuevamente el país, al menos por un tiempo que ojalá sea corto.

Por ahora, mientras esta infame resolución de amnistía para delincuentes comunes no sea declarada inconstitucional por la Corte, el resto del país se encuentra arrinconado y al borde del abismo. (O)