Kafka y sus novelas han sido durante muchos años un ejemplo de la descomposición institucional de una sociedad. Los relatos con sus vericuetos de los casos que esperan una atención del Estado acorde con las premisas de una organización que respeta los derechos y atiende sus obligaciones, pero que por arte de la acción de gentes inmorales los llevan por un camino fatigoso que no tiene fin y, que cada día introducen algo inesperado, parece ser que son parte de la partitura de todo el derrumbe ético de quienes tienen alguna representación pública y política de la realidad nacional. Y, para ser justo, que solo unos pocos se salvan de esa afrenta.
Piensen en lo peor y aquello ocurre o puede aparecer en cualquier momento. La imaginación no alcanza a visualizar todo ese complejo enjambre de hechos que día a día se hacen presente en la convivencia nacional. ¿A alguien se le habría ocurrido pensar que el máximo representante de un organismo del Estado, la Judicatura, presente una acción de protección contra el poder Ejecutivo? Es más, ¿acaso se le ocurrió que esa acción se la iba a escudar ya no en su representación política y funcional, sino en su calidad de ciudadano? ¿Por qué lo hizo?, cuando lo lógico, dentro del marco de las relaciones entre las distintas funciones del Estado, lo que prima o debería primar es la comunicación directa, la apelación a los argumentos objetivos de relaciones que se necesitan y complementan y no de acciones que deben usarse únicamente para casos extremos de defensa de particulares frente al poder político. Lo visto además deja un mensaje claro de intromisión de una autoridad ante un juez, quien es su subalterno funcional. ¿Podrá el juez, presumir que esta acción proviene legítimamente de un ciudadano y no de una autoridad?
Por otro lado, el tema reclamado sobre unos presuntos derechos sobre algunos cientos de millones de dólares que el Presupuesto del Estado no les ha entregado desde hace muchos años, sobre la base de hipótesis que ciertamente no tienen fundamento, aunque cualquiera podría reconocer que sería bueno entregar más dinero a funciones del Estado que cumplen rigurosamente con sus deberes, lo hacen con eficiencia y ofrecen seguridad en sus fallos; pero no a aquellas que envían mensajes casi consuetudinariamente de decisiones que agravan la situación de violencia e inseguridad.
La organización del Estado gasta más de lo que puede y tiene. Ya son muchos años de derroche, abuso que han determinado un enorme fardo de deuda pública. A los contribuyentes les ha costado innumerables impuestos adicionales y, ya hay hastío, por usar un calificativo suave, por la falta de respuesta en la calidad de los servicios que reciben o recibimos. Ahora, la Judicatura quiere más plata. ¿A quién o quiénes les van a quitar, porque no hay un centavo en la caja? Le faltan algunos miles de millones para cubrir el presupuesto. Y si las cosas que se ven estos días siguen por el mismo camino, piensen sólo en la caída de la producción petrolera y las necesidades impuestas por las inundaciones y terremotos o deslaves, la política fiscal no podrá atender esas angustias.
La semana pasada se vieron muchas cosas que mantenían la línea de acción concertada de rompimiento del orden constitucional. Finalmente, la Corte agravó su pérdida de respetabilidad que ya lo venía haciendo con cierto grado de complacencia de grupos políticos interesados en socavar precisamente su porte profesional y enorme responsabilidad con el mantenimiento de las bases de una organización política que se precie de ser democrática. La crisis política se unió a un mundo económico que daña el horizonte y conspiran con la solución de los problemas sociales.
Habrá más pobres, menos empleos, que en conjunto elevan los índices de miseria económica, pero los dirigentes miran hacia otro lado, desconocen la realidad económica, juegan con el futuro y, cuando hay que asumir responsabilidades, Pilatos hace presencia. (O)
