Dentro de las principales características que debe tener todo régimen democrático, una de las fundamentales es la del “imperio de la ley”, que significa que tanto los ciudadanos comunes como las élites políticas y económicas deben estar todos sometidos a las mismas reglas, las cuales deben reflejar los valores de la comunidad contenidos en su ordenamiento jurídico supremo que es la Constitución.
El imperio de la ley también requiere leyes claramente jerarquizadas, que sean aplicadas por un sistema judicial independiente y bien preparado y también una cultura de respeto a las instituciones judiciales y a sus señalamientos. De ahí nace también la seguridad jurídica, que es la certeza que tienen los ciudadanos de que habrá consecuencias por sus acciones u omisiones, las que deben ser aplicadas siguiendo el debido proceso y respetando la presunción de inocencia.
Esto es lo que Talcott Parsons, el sociólogo estadounidense, llamaba las “expectativas de rol”, que no son otra cosa que lo que se espera que un actor (ciudadano) haga en una determinada situación en base a las reglas que se han impuesto a la sociedad. Cuando la expectativa de rol y el rol que realmente cumplen los actores son discrepantes, el sistema social tiende a desintegrarse dice Parsons, porque genera desconfianza, tanto entre los mismos ciudadanos como en las instituciones políticas y jurídicas. Y al final, todo se traduce en una pérdida de confianza en la democracia, lo que se refleja en la creencia de que líderes autoritarios con mano fuerte pueden ser la solución para poner orden en esa sociedad poco integrada.
En esto momento en la Asamblea Nacional se esta debatiendo la Ley de Inversiones, un proyecto legal con cuya aprobación el gobierno pretende atraer capital extranjero al Ecuador a fin de generar fuentes de trabajo e ingresos para el Estado en concepto de impuestos. En definitiva, hacer crecer y dinamizar la economía ecuatoriana.
La Ley ha sido objeto de algunas observaciones por parte de los partidos de oposición y será difícil que sea aprobada, peor aún cuando hay agrupaciones políticas que, en su afán desestabilizador, siempre le dirán no a cualquier propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, creo que hay un acuerdo mayoritario, más allá del cómo, en que hay que hacer algo para que la economía ecuatoriana salgo del estancamiento, e incluso retroceso, en que se halla desde hace algunos años, lo que además, se ha agudizado con la pandemia.
Pero el problema no es la ley en sí misma, que en el papel podría ser perfecta. El problema es, justamente, el imperio de la ley y la consecuente seguridad jurídica. Ecuador es un país que, lamentablemente, no se caracteriza por la existencia de esas condiciones. Al contrario, los ciudadanos podemos ver a diario como se incumplen contratos, se cometen delitos, se incumple con la ley sin consecuencia alguna. Desde aquel que comete una infracción de tránsito y se libra de la sanción a través de una coima, pasando por corruptos y delincuentes que son absueltos por jueces poco probos o preparados, hasta a aquellos que vandalizaron Quito en octubre de 2019 y son amnistiados por unos legisladores que, siendo parte del principal organismo de emisión de las normas que construyen el Estado de Derecho, son los menos interesados en respetarlas.
Así, con esta clase política que no se conduele por generar un sociedad en que el imperio de la ley sea la tónica, pocos serán los que quieran venir a invertir en este país, por más leyes atractivas y bien hechas que tengamos. Y además, se sigue generando desconfianza en los ciudadanos, que comprueban que en realidad nuestras instituciones no son de fiar, lo que pone en riesgo a la misma democracia y abre nuevamente la puerta a populistas autoritarios. (O)