El mundo actual, con todos los avances tecnológicos alcanzados, que produce casi el doble de lo necesario para que todos los habitantes del planeta tengan alimento, alberga a 735 millones de personas que siguen sufriendo hambre. Una gran paradoja y un inmenso fracaso de la Humanidad a nivel colectivo.
El hambre es un fenómeno complejo; para enfrentarla no se trata de producir más. Los estudios sobre el tema revelan que en el mundo se produce lo suficiente, y de sobra. Se trata de que los que padecen ese flagelo tengan acceso a un mínimo de alimentos de forma permanente. Pero a pesar de la gravedad del asunto, de todos los Derechos Humanos, «el derecho a la alimentación es (…) el más constantemente y más ampliamente violado en nuestro planeta» (Ziegler).
El hambre y la hambruna son términos que el común usa indistintamente. La FAO distingue dos clases de hambre: i) el hambre como molestia física o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria; y, ii) el hambre persistente, ligada a la inseguridad alimentaria, en la que se carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para garantizar un crecimiento y desarrollo normales.
La hambruna es la ausencia prolongada de alimentos que produce una condición de precariedad fisiológica en un grupo humano. La hambruna masiva –y su consecuencia la desnutrición crónica– es el resultado de un concurso de factores que se manifiestan como un fenómeno social de honda repercusión: las amenazas naturales, particularmente las que afectan la producción agropecuaria, los conflictos armados, la incidencia de epidemias y la pobreza extrema, entre otros.
Ante la necesidad de erradicar el hambre en el mundo, se debe evaluar en forma crítica las políticas nacionales y de la comunidad internacional respecto a este problema ligado a la pobreza, de manera de encontrar soluciones justas y permanentes. Las interrogantes persisten, sin embargo, sobre la posibilidad real de alcanzar resultados favorables en un mundo en el cual se ha profundizado la inequidad y la polarización en el acceso a los beneficios de la riqueza generada.
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acceso a los alimentos debe materializarse en el marco normativo de la seguridad alimentaria fundada en consideraciones éticas. El hambre y la desnutrición no son solamente problemas sociales, humanitarios o técnicos; ni problemas médicos o biológicos, ni espacios naturales para la filantropía, sino verdaderos problemas políticos.
En la América Latina de los años 2000, las medidas de combate a la pobreza no introducen cambios estructurales, sino que reparten una porción del crecimiento de la riqueza, sustituyen los derechos por los beneficios materiales y visualizan a la pobreza como una amenaza a la gobernabilidad, al tratarla como un mero dato estadístico que recibe supuestas soluciones de orden técnico-administrativo (P Gaussens). De manera general, las políticas de combate a la pobreza se han remitido a una redistribución parcial de la riqueza vía el Estado hacia las clases y grupos subalternos. Los sistemas económicos de producción, distribución y acceso al alimento han fallado, lo cual obliga a penetrar en la profundidad de su contenido.
La erradicación de la pobreza extrema y del hambre debe ser una meta prioritaria a alcanzar para eliminar de la sociedad el más inicuo de los males contemporáneos, que pervive en un marco de creciente acumulación de la riqueza mundial en manos de unos pocos, y condena a millones de personas en todo el planeta a la muerte social. (O)
