En momentos que el Ecuador demanda emprender en un franco y sostenido proceso de consolidación de su identidad sociohistórica y fortalecimiento institucional, se ha “lanzado” la idea de transformar al país en un estado federal. Al margen de las connotaciones políticas que la moción pueda tener, las cuales no competen a este artículo ni a su autor, es indispensable realizar algunas consideraciones de orden práctico que ayuden a comprender la absoluta inconveniencia de la “propuesta”, que por el bien de la patria merece total rechazo.

La “organización estatal” por la cual opte un país debe responder a circunstancias históricas, so pena de forzar figuras de ordenación política desviadas de tales contextos. Ejemplificar las bondades del federalismo con experiencias de países como los Estados Unidos o Alemania, por citar dos, es abstraerse de sus procesos de formación. Su “unión” en una sola nación fue la respuesta válida a la cual convergieron territorios y pueblos que de hecho mantenían independencias que las cedieron en la búsqueda de un bien común mayor… de allí su éxito. Pretender ir por el lado contrario, es decir “desmembrar” una organización unitaria de siglos hacia una federal, es garantía de fracaso.

Los desconocedores del federalismo lo conceptúan como un proceso de mera descentralización de funciones administrativo-políticas, siendo que por el contrario es uno de legítimas cesiones de competencias que las mantenían mientras conservaban sus autonomías tradicionales. Refiriéndose a la Unión Americana, M. Reagan y J. Sanzone afirman: “El federalismo de nuevo estilo es un concepto político y pragmático que subraya la efectiva interdependencia y compartición de funciones entre Washington y los Estados, y que se centra en la influencia que cada instancia es capaz de ejercer sobre la otra". 

Si se estima que determinado estado unitario se lo administra bajo esquemas de centralización extrema, lo procedente es identificar las deficiencias y resolverlas. Federalismo no es desconcentración administrativa, pues el primero está lejos de ser un concepto de estricta relevancia jurídica. 

Como lo señala Montesquieu, el federalismo es una sociedad de sociedades. Sin perjuicio del mestizaje ecuatoriano, de sus importantes y respetables minorías indígenas, montuvias, afroecuatorianas y otras, el Ecuador es una sociedad unitaria con clara conciencia de tal. Sus distintas regiones, provincias y circunscripciones territoriales en modo alguno representan sociedades o estados distintos unos de otros. Cualquier iniciativa que resquebraje esa identidad que nos une es una aventura harto peligrosa que puede conducir a la desintegración nacional.

El reparto de poderes en un régimen federal es un reto de enorme complejidad. Abordarlo en un país ya de hecho caótico en la materia, en el cual el hiperpresidencialismo histórico – bien o mal – ha sido la constante, es por expresar lo menos una tarea de impredecibles consecuencias negativas cuya contingencia no podemos asumirla.

Respecto del panorama fiscal, basten las siguientes cifras para concluir en la inviabilidad del proyecto sugerido. A diciembre de 2021, el aporte provincial a las recaudaciones tributarias es del todo dispar. Pichincha representa el 50%, Guayas el 32%, Azuay el 5% y Manabí el 2%; el 11% sobrante corresponde al resto de provincias. Por Impuesto a la Renta, Pichincha contribuye con el 47%, Guayas con el 33%, Azuay con el 4%, Manabí con el 3% y las otras provincias con el 13%.

En cuanto a recaudaciones totales por ciudades: Quito genera el 48%, Guayaquil el 29%, Cuenca el 5% y Manta el 1%. A nivel cantonal, la contribución de Rumiñahui es del 1,50%, mientras aquella de Samborondón alcanza a solo el 1,05%. Estas cifras guardan plena concordancia con las percepciones por Impuesto a la Renta. Así, la capital paga el 45%; el Puerto Principal, 28%; Cuenca, el 4%; y Manta, el 1%.

Las citadas deformaciones tributarias seguramente tienen justificaciones. Sin embargo, lo único cierto es que el federalismo – sin lugar a duda ­– lejos de corregirlas las ahondará. 

A luz de lo expuesto, enfoquemos los esfuerzos nacionales en plasmar un Ecuador justo y equitativo; en eliminar las dañinas distorsiones socioeconómicas de nuestra sociedad. Vamos a por integrar en la economía a aquellos sectores históricamente marginados. Busquemos consensos con realismo y pragmatismo. No nos aventuremos hacia lances del todo inconvenientes que, creemos, felizmente no tienen posibilidad alguna de prosperar.

Somos un país unitario. Nuestro potencial es grande. Al margen de cualquier evento merecedor de correcta crítica, el Ecuador es amante de la paz y con conciencia de solidaridad. No propiciemos discusiones estériles que hacen más daño que bien. (O)