Un Estado de derecho es aquel en el cual toda la ciudadanía sin excepción, los funcionarios y las instituciones públicas, las empresas privadas y el mismo Estado están sujetos a las mismas leyes, las que han sido aprobadas siguiendo los procedimientos legales determinados en la Constitución y en la ley a fin de que gocen de legitimidad.

En un Estado de derecho existe una rendición de cuentas clara, tanto para gobernantes como para gobernados, transparencia y seguridad jurídica, que implica que las normas se aplicarán a todos por igual y que la resolución de los conflictos se hará de forma ética, imparcial, rápida y siguiendo el debido proceso, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales.

De acuerdo al Barómetro de las Américas, a la pregunta de si la ciudadanía ecuatoriana cree que sus derechos básicos están protegidos, a 2021 apenas un 46% afirma que es así. Es decir, más de la mitad de los ecuatorianos no piensa que el Estado esté protegiéndolos. Mientras, a 2019, el apoyo a la idea de que los tribunales de justicia de Ecuador garantizan un juicio justo apenas llega a los 43.8 grados de 100 posibles. La confianza en la justicia es débil.

A esto hay que agregarle que el 64% de los ecuatorianos piensa que más de la mitad o todos los políticos son corruptos, lo que se correlaciona positivamente con el índice de corrupción del Varieties of Democracy, el proyecto de medición de democracia más completo con el que se puede contar en la actualidad, que también ubica a Ecuador como un país sumamente corrupto. 

La corrupción debilita al Estado de derecho porque la ciudadanía deja de confiar en las instituciones que son llamadas a protegerla y piensa que para conseguir los servicios que requiere, a veces se hace necesario pagar una coima. Así, a 2019, el 25% de los ecuatorianos entrevistados por el Barómetro de las Américas cree que hay ocasiones en que se justifica pagar un soborno.

En cuanto a la seguridad de los ciudadanos, que es una de las garantías fundamentales que debe proporcionar cualquier Estado de derecho, a 2021, 1 de cada 4 ecuatorianos reporta haber sido víctima de algún acto de delincuencia durante el último año, mientras que el 53% manifiesta sentirse algo o muy inseguro en el barrio en el que vive.

Así, cuando el Estado es incapaz de brindar servicios como la obtención rápida y efectiva de documentos personales; cuando no puede poner a su disposición medicinas, que en muchos casos significan la diferencia entre la vida y la muerte; cuando es incapaz de darles seguridad y una justicia equitativa, eficiente y sin privilegios; cuando no aprueba leyes y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, lo que causa es la pérdida de la confianza en ese Estado y sus instituciones, y por ende en la democracia.

De esta forma se hace imperativo que el gobierno, no solo el Ejecutivo, sino también las otras funciones y sus representantes, se avoquen a fortalecer el Estado de derecho y aborden esta problemática con todos los recursos de los que dispongan, porque lo que se está creando es una sociedad inconforme, desintegrada, en la que desconfiamos de todo y de todos, lo que abona a la violencia y a la corrupción, y finalmente, a un grado de insatisfacción con la democracia que pone en entredicho su misma supervivencia.  (O)