Parece que pronto el petróleo dejará de ser uno de los más importantes contribuyentes netos de la balanza comercial y, por supuesto, aunque esto suene reiterativo, que lo es, del flujo de divisas de la economía ecuatoriana. Por el camino que vamos las cosas en general no van bien. Cae de manera persistente la producción nacional de petróleo. Las causas se turnan con su presencia. La depletación natural de muchos campos hace su parte. Los indígenas con actos violentos destruyen instalaciones. La naturaleza provoca daños en los sistemas de conducción. La empresa pública mantiene sus profundas debilidades y poca transparencia. Pululan los actos fraudulentos, cuya lucha demuestra ser agotadora. Finalmente, no hay dinero para tener un plan de recuperación oportuna y eficiente que por lo menos permita sostener la producción que algún momento ya se alcanzó. En resumen no se ve resultados que sean prometedores. Para estar a tomo con el clima: se ven nubes gris oscura, cargadas de tormenta.

Veamos números sustentadores de esta visión poco alentadora. Tomemos la producción petrolera del 2019, que llegó a casi los 194 millones de barriles (530 mil barriles por día) y la comparemos con la obtenida en 2022: 176 millones de barriles (480 mil barriles por día). El resultado es muy claro: se dejaron de producir 18 millones de barriles o, lo que es lo mismo 50 mil barriles por día.

Puesto en los vulgares pero apreciados dólares, estos 18 millones de barriles, al precio promedio de las exportaciones del año 2022, significó una pérdida de ingresos brutos  por 1.545 millones (1.3% del PIB). Ahora bien, si la diferencia la medimos por los volumenes de exportación, el resultado es mayor, como lo vamos a ver. En el 2019 se exportaron 140 millones de barriles, mientras en el 2022 sólo se alcanzaron los 117 millones de barriles, es decir 23 millones de barriles menos, que al precio del último año nos dice que se perdieron exportaciones petroleras por casi 2.000 millones de dólares. Dos razones explican este dato: la caída de producción y el aumento de las importaciones de combustibles.

En los dos primeros meses del 2023, la tendencia continúa. El superávit comercial petrolero cada vez ofrece un saldo menor.  Las exportaciones petroleras fueron 1.290 millones de dólares, que le ponen un número rojo a la tasa de variación con lo que ocurrió en el 2022 del -20.3%; mientras las importaciones siguen su desfile festivo. Llegaron a los 1.126 millones y su variación es robusta con el 18.5% frente al 2022. Lo que en definitiva dejó como saldo apenas 163 millones (80 millones por mes)

Si agregamos al valor de las exportaciones de petroleo del 2022, que fue de 10.030 millones de dólares, el monto “perdido” (los 2.000 millones de dólares), el país dejó de recibir el 20% de lo que consiguió exportar. Y, si lo comparamos con las exportaciones totales (publicas y privadas), el impacto de estos recursos que no se vieron es del 6%. Termino este breve repaso  con el dato que ya recoge todo el proceso de dispendio de combustibles. En el 2022, cada mes le quedaba al país 225 millones de las exportaciones de petroleo frente a lo que usaba en importar derivados. En estos dos meses del 2023 el monto se redujo al 35%. Claro, son sólo dos meses, y si bien esa advertencia es correcta, lo que nos dice es muy grave y suena a una alarma de angustia.

Hasta aquí los datos. ¿Qué hacemos?. Hay dos limitaciones muy definidas: el Estado no tiene dinero para invertir y además a demostrado ser un mal administrador. Por ahí, no hay solución.Es más, incluso por razones de cuidado ambiental, porque el gobierno no se auto castiga cuando comete agresiones a la naturaleza, es vital definir una política de producción petrolera que cuente con empresas serias, internacionales, que coticen en las bolsas de capitales, para que, mediante contratos de participación, levanten las curvas de producción y aseguren un horizonte que le lleve al país a salir de este atolladero.

Las APP, otra vez aparecen como el vehículo indicado para cambiar esta persistente tendencia de caída de producción. Obviamente,  los otros temas de causalidad también requieren solución. La ley debe regir para una convivencia en la cual se respeten derechos y se cumplan obligaciones. La violencia, las amenazas, el abuso, no pueden seguir respaldados en la impunidad. El derroche de los derivados clama una solución. Se entiende las limitaciones políticas pero es indispensable mantener una comunicación pública activa que transmita el enorme daño colectivo que estos subsidios generales ocasionan y las secuelas que se transfieren a las generaciones que vienen. (O)