En una Consulta Popular poco difundida y escasamente explicada se le preguntó al país si debía o no seguir produciendo petróleo en el bloque 43 del ITT (Ishpingo Tambococha Tiputini). No se hizo conocer al pueblo qué era el ITT , cuánto generaba en recursos para el estado, cuántas personas dependían directamente de esa operación petrolera, si había o no había producido daños ambientales, cuánto significaba desmontar las instalaciones y cuántos recursos demandaba tal decisión, qué tiempo duraría ese desmontaje de equipos y maquinaria, qué implicaciones internacionales tendría una acción de esta naturaleza y muchas otras interrogantes que habrían sido esenciales explicar para un mejor entendimiento de la pregunta y no esperar a ciegas la respuestas de la ciudadanía. El conocer que el impacto fiscal anual es de USD 1.200 millones, que son 2.500 familias afectadas con esta acción, que el deterioro de imagen del país afecta seriamente la capacidad de atraer nuevas inversiones en el área petrolera y también minera, que no existe experiencia internacional de la forma, el tiempo y el monto de recursos en un proceso de desmontaje de un campo petrolero en una zona protegida y muchas otras secuelas que se han ido conociendo, hace que la decisión del país haya sido claramente un error de bulto. Hasta se podría anticipar que fue una irresponsabilidad preguntarle a los ecuatorianos algo que desconocían, que ni siquiera entendían qué mismo les estaban preguntando. 

Otra actitud poco entendible para la sensatez y la cordura es la posición contraria para eliminar subsidios ineficientes y dañinos como es el subsidiar los precios de los derivados del petróleo. En los últimos 18 años se han destinado USD 45 mil millones a subsidiar precios de derivados como gasolinas, gas y diésel. ¿Qué beneficios ha brindado este esquema de subsidios abiertos y no focalizados para el país? Ninguno. Ha significado un gran sacrificio fiscal, ha protegido a los que no necesitan del apoyo del estado, ha facilitado el contrabando de combustibles a países vecinos y ha mermado recursos fiscales para gastos importantes del estado como salud, educación, seguridad y justicia. Para rematar, los grupos que aparecen como protectores del medio ambiente son uno de los principales opositores a eliminar estos subsidios sabiendo que los combustibles fósiles contaminan el medio ambiente. Se transparencia con total claridad que son movimientos políticos antes que medio ambientalistas. Total irracionalidad.

En el tema de buscar formas de facilitar la contratación laboral y ayudar a combatir el problema de empleo y subempleo estuvo la propuesta de la última consulta popular al preguntar sobre la aprobación o no de instaurar el trabajo por horas. Probablemente también poco explicada esta interrogante, pero finalmente el país decidió no aceptar esta alternativa. Los mismos que reclaman sobre el desempleo y el subempleo son los que se oponen a estas alternativas de contratación vigentes en casi todos los países. Sostienen tergiversaciones como es afirmar la pérdida de derechos adquiridos o supuestos sesgos a favor de empleador y no del empleado. Lo cierto es que se cerró una puerta que habría sido de total beneficio para el país. Otro retroceso para el progreso.

Se repite con mucha insistencia la necesidad de atraer inversión extranjera como una forma de apoyar la recuperación económica y el empleo. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía apoya no permitir el arbitraje internacional en los contratos de inversión. ¿Cómo se puede entender esto? Si ni siquiera los ecuatorianos confían en la justicia, ¿cómo se pretende que lo hagan los extranjeros?

Para rematar las decisiones de los compatriotas, la Asamblea Nacional o un grupo de asambleístas buscan declarar ilegítimo el Acuerdo con el FMI. Este acuerdo que es de USD 4.000 millones con el FMI pero que, con el resto de multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF, el FLAR y la Agencia Francesa de Desarrollo, financiarían en los próximos 4 años un total de USD 14.200 millones estaría perdiéndose si esta “iniciativa” de la Asamblea llegara a prosperar. La Asamblea Nacional está para legislar y para fiscalizar no para involucrarse en temas que ni le compete ni entiende. La política económica es potestad del Ejecutivo no de la legislatura. ¿Tienen tal vez los proponentes de anular el Convenio con el FMI alternativas de fondos similares para reemplazar estos USD 14.200 millones de financiamiento que ya no vendrían al Ecuador? La falta de liquidez puede amenazar la dolarización. ¿Tienen conciencia de esto?

Todos piden plata y con argumentos de defender la salud, la seguridad, la acción municipal, la educación, la justicia, etc. etc., pero nadie cede nada. Se evidencia una visión miope y de defensa de un sector o grupo sin considerar el interés nacional. Si se busca reducir el excesivo tamaño del estado protestan, si se pide rendición de cuentas no hay la entrega, si se busca nivelar los salarios al nivel máximo del Presidente de la República asoman los acuerdos en empresas públicas.

En ese orden de decisiones, es muy difícil que el país progrese. ¿Tal vez hemos perdido la lucidez, la responsabilidad o la cordura con todas estas acciones “soberanas” pero claramente equivocadas? Después que no digan porqué hay pobreza y desempleo. (O)