Ante restricciones fiscales persistentes y crecientes demandas sociales, Ecuador se encuentra en una encrucijada crítica: continuar con un modelo de inversión pública limitado en alcance y velocidad, o adoptar decididamente las Asociaciones Público-Privadas (APP) como herramienta estructural para el desarrollo. Países vecinos han optado por esta segunda vía —con resultados transformadores— y Ecuador, hoy más que nunca, cuenta con el marco jurídico y la coyuntura para hacerlo también.
Lo que América Latina ya entendió
Colombia ha sido un referente en el uso estratégico de las APP. Su programa de Cuarta Generación (4G) permitió movilizar más de USD 12.000 millones en inversión privada, construyendo cerca de 10.000 km de carreteras que hoy integran regiones, acortan distancias y dinamizan el comercio interior.
Chile, con más de tres décadas de experiencia en concesiones, ha canalizado más de USD 27.000 millones en autopistas, aeropuertos, hospitales y cárceles. Este modelo le ha permitido dotarse de infraestructura moderna sin comprometer sus finanzas públicas.
México, por su parte, se ha consolidado como un líder regional en transparencia y ejecución de APP multisectoriales. Más de 100 contratos han sido implementados desde 2012, con impacto en transporte, salud, agua y energía. Uno de sus casos emblemáticos es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, desarrollado bajo una APP que logró reducir costos, acelerar la entrega y ampliar la cobertura en salud especializada para más de un millón de personas.
En todos estos países, el éxito ha descansado sobre pilares comunes: institucionalidad sólida, reglas claras y visión de largo plazo. Las APP han dejado de ser una alternativa y se han convertido en política pública.
Ecuador: potencial evidente, camino aún por recorrer
Ecuador ha comenzado a construir las bases correctas. Con la aprobación en 2023 de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y su reglamento en 2024, el país ha adoptado un marco normativo moderno y alineado con las mejores prácticas internacionales. Se creó el Comité Interinstitucional de APP (CIAPP), el Registro Nacional de Proyectos APP, y se definieron procedimientos para iniciativas tanto públicas como privadas.
Ya se observan avances concretos: doce proyectos priorizados, principalmente en los sectores vial, energético y portuario, con una inversión potencial estimada en USD 2.300 millones. Entre ellos se destacan los corredores viales Pifo-Y de Baeza y Manta-Quevedo, la expansión del Puerto de Esmeraldas, y los proyectos hidroeléctricos Santiago y Cardenillo.
Y la cartera no se limita al transporte: Ecuador ya está diversificando activamente su portafolio APP. Ejemplos como el Nuevo Museo Nacional, actualmente en fase de perfil, el Complejo Ambiental de Tratamiento de Residuos Sólidos de Quito, recientemente puesto en conocimiento del Concejo Metropolitano, y el Sistema de Agua Potable del Cantón Sucre, reflejan una visión más amplia y socialmente responsable del uso de este mecanismo.
Actualmente, el portafolio completo de proyectos APP en Ecuador suma más de USD 10.700 millones en inversión estimada, una cifra histórica que marca un punto de inflexión para el desarrollo nacional.
A nivel local: una oportunidad y una herramienta de orden
Uno de los mayores aciertos del nuevo marco legal es la habilitación para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) —municipios y prefecturas— puedan estructurar sus propios proyectos bajo esquemas APP. Esto es clave: muchas de las brechas más urgentes —acceso a servicios básicos, movilidad urbana, infraestructura turística, salud rural— se originan en lo territorial.
Pero más allá de la obra en sí, las APP se están convirtiendo también en una herramienta para ordenar las finanzas públicas de los GAD. Al permitir una planificación estructurada a largo plazo, basada en contratos de eficiencia, calidad y resultados, los gobiernos locales pueden proyectar inversiones sin comprometer su liquidez inmediata, evitando improvisaciones y potenciando la eficiencia institucional.
Casos como Bogotá, Medellín o Valparaíso muestran que es viable estructurar APP municipales exitosas en sistemas de transporte, hospitales, rellenos sanitarios o parques turísticos. Ecuador podría replicar estas experiencias con proyectos como un hospital provincial en Loja, una planta solar comunitaria en Imbabura, o un centro turístico concesionado en Zamora Chinchipe.
De la intención a la acción: recomendaciones clave
- Diversificar sectores: Las APP deben extenderse más allá del transporte. Ecuador necesita iniciativas en salud, educación técnica, tratamiento de agua, residuos y energía renovable.
- Fortalecer capacidades locales: Muchos GAD aún no están familiarizados con la lógica de estructuración de APP. Inversión en formación técnica y alianzas con multilaterales es fundamental.
- Garantizar transparencia y competencia: Un proceso de licitación bien diseñado, abierto y competitivo es el mejor antídoto contra la percepción de riesgo y el principal imán para la inversión.
- Aprovechar el apetito inversor: Con más de USD 160.000 millones invertidos en APP en América Latina en la última década, existe un mercado internacional activo y dispuesto a entrar a Ecuador si encuentra condiciones claras y confiables.
Un pacto de desarrollo
La buena noticia es que Ecuador ya tiene las herramientas legales e institucionales para avanzar. Lo que necesita ahora es convicción política y una narrativa país que convierta a las APP en una estrategia de desarrollo, no solo en una opción de financiamiento.
Los beneficios están a la vista: obras que se entregan más rápido, sin presionar el presupuesto público; servicios de mejor calidad; empleo local; innovación tecnológica; y una economía más dinámica.
Cada APP bien estructurada no es solo una obra: es una solución real a una necesidad concreta, construida con recursos privados pero bajo control público. Es una alianza que puede transformar territorios y elevar la calidad de vida de millones de ciudadanos.
El tiempo de las APP en Ecuador no debe plantearse como una posibilidad. Debe asumirse como una decisión estratégica. Y debe tomarse ahora. (O)