Cuando se analizan los sólidos resultados de cuentas externas, con un superávit de cuenta corriente en el primer trimestre que marcó un récord histórico, sería sensato imaginar que el mercado local debería mostrar niveles saludables de liquidez. Sin embargo, los empresarios podrán dar fe de una limitada liquidez y de una dificultad creciente para obtener financiamiento, lo que resulta en atrasos en diferentes cadenas productivas.
Parte del problema se genera a nivel del sector público. La administración del presidente Daniel Noboa recibió como herencia atrasos con proveedores del Estado por $4.000 millones a finales del 2023. Varias reformas tributarias implementadas han ayudado a elevar la recaudación, pero el nivel de atrasos no ha cambiado, aunque si su composición. Los atrasos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores se han reducido a $2.687 millones (a mayo 2024, última cifra disponible), mientras los atrasos correspondientes al ejercicio fiscal vigente llegan ya a $1.519 millones (cifras a Julio), resultando en los mismo $4.000 millones impagos al sector privado.
Además del nivel elevado de atrasos que afecta al sector privado, el gobierno ha retirado liquidez del sector corporativo a través de mayores impuestos, dinero que no se ha reinyectado totalmente en la economía por una subejecución presupuestaria en el año 2024. Si bien los resultados fiscales son sólidos y muestran un ligero superávit fiscal, este retiro de liquidez afecta el nivel de actividad económica, la acumulación de depósitos y la cantidad de recursos prestables en el sistema financiero.
Cabe entonces preguntar entonces, ¿dónde está la plata? En parte, la mayor liquidez del gobierno central ha ido a parar en el pago y servicio de la deuda. Durante los primeros cinco meses del año el gobierno pagó por concepto de amortización de deuda pública $6.845 millones y recibió en nuevos desembolsos $8.224 millones. Nuevos desembolsos por créditos de organismos multilaterales deberían mejorar la liquidez del gobierno en los próximos meses, lo que ayudaría al gobierno a ponerse al día con los atrasos de períodos anteriores y cerrar este año con un nivel de atrasos de máximo $656 millones según su compromiso con el programa de Facilidad Extendida con el Fondo Monetario Internacional. Esto seguramente ocurrirá, especialmente en un momento donde el presidente querrá acelerar la actividad económica de cara a un nuevo proceso electoral.
Para cerrar con mayor optimismo, las condiciones de liquidez han mejorado desde junio, pero se necesita nueva data en la misma dirección para confirmar un cambio de tendencia. Esperamos que eso efectivamente ocurra. (O)
