Los bancos ecuatorianos están sintiendo la presión del empeoramiento de las condiciones económicas en la calidad de sus carteras de crédito. Las empresas están luchando debido a la disminución de las ventas, las horas de operación reducidas y el aumento de los costos de electricidad (incluyendo la compra o alquiler de generadores y los gastos diarios de diésel para operarlos), junto con mayores costos de seguridad debido a la extorsión y alta delincuencia. Ante unas perspectivas económicas más débiles, las empresas que sirven al mercado local están reduciendo sus plantillas, transfiriendo sus problemas a los hogares a través del mercado laboral. En este contexto, es probable que los clientes bancarios en general se atrasen en los pagos de sus deudas. Junto con un crecimiento más lento en las carteras de crédito totales, el monto mayor de cartera vencida podría resultar en niveles más altos de los índices de morosidad.

Este deterioro aún no se refleja en los datos, ya que las cifras más recientes a agosto muestran un índice de morosidad para bancos y cooperativas del segmento 1 y 2 equivalente al 5.1% de la cartera total, aunque segmentos como el de microcrédito muestra una tasa de mora de 10.3%. El deterioro en las condiciones económicas descrito anteriormente se acentuó en septiembre y octubre. Sin embargo, las medidas proactivamente anunciadas por la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) confirman que el deterioro efectivamente está en marcha. El 28 de octubre, Asobanca anunció un diferimiento extraordinario de hasta 90 días en las cuotas por vencer de créditos de vivienda, consumo, tarjeta de crédito y microcrédito, en medio de las dificultades producidas por los apagones. Tras este anuncio, el presidente Noboa instruyó a la unta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a establecer los mecanismos formales para implementar estos diferimientos.

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Como resultado, los bancos y cooperativas podrán reclasificar los préstamos vencidos como préstamos vigentes, brindando alivio a sus clientes y reduciendo al mismo tiempo las provisiones que les son requeridas para cubrir el aumento de morosidad. Esta no es la primera vez que se ofrecen tales diferimientos a los clientes; políticas similares fueron implementadas durante la pandemia de COVID-19. (O)