La empresa es una máquina de sacar gente de la pobreza. No es el Estado, es la empresa aunque haya sectores a los que no les convenga esta afirmación. Pero aquí no estamos haciendo política. Según informes del Banco Mundial y del Fraser Institute, los países con mayor liberad económica tienden a crecer más rápido. Los países más libres tienen un PBI casi ocho veces más grande que el de los países reprimidos y en los países que son libres, la pobreza es 25 veces menor que en otros que no brindan condiciones adecuadas a sus empresarios. Estas cifras son contundentes. Las empresas crean trabajo y oportunidades. Por otro lado, el Estado tiene que brindar las condiciones adecuadas para que los inversionistas puedan desarrollar sus empresas y, sobre todo, meterse poco. Para lograr esto, la tendencia actual para buscar la libertad económica, entre otras cosas, gira en torno a la simplificación de trámites y la irreversible tendencia hacia lo digital.

Para empezar, no se pueden crear trámites innecesarios, trabas, cortapisas. Un ejemplo: a las empresas que quieren contratar con el Estado, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) solicita que actualicen su Registro de Proveedores (RUP). Pero para poder hacer esto, le solicitan que actualice el Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, el SRI solicita que la compañía haga la gestión ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) para que el CIIU abarque el objeto social para que pueda contratar. No sirve simplemente con que el estatuto detalle una actividad, sino que hay que ir de institución en institución con un trámite recurrente e innecesario, cuando bastaría con una declaración muy simple. La discusión del objeto social fue superada hace muchísimas décadas en países desarrollados y aquí somos “más papistas que el Papa”. A las instituciones públicas les fascina el control formal, como si con verificar eso se volverían más eficientes.

Este ejemplo se repite por todos lados: aduanas, municipios, IESS, UAFE. En un tweet publicado por el abogado Juan Francisco Román (@JuanFraRoman) dice que “[L]a UAFE, presurosa y desordenada obliga a sistemas de cumplimiento caros a micro y medianos empresarios a reporte mensual. Pero ciegos y lentos para implementar sistemas de reporte y exhaustivo a políticos que aparecen con millones de dólares en sus cuentas. Sin asombro aquí”. Sin comentarios.

Lo cierto es que aún hoy, a pesar de la necesidad de simplificar las cosas, cada vez ponen más dificultades. En otro ejemplo, la SCVS emitió dos reglamentos con algunas disposiciones que no se explican: en el uno, obliga a que los nombramientos de los representantes tengan más requisitos, entre estos, el código dactilar del nombrado. Además de ser ilegal, es complicar la vida a los nacionales y, en particular, a los extranjeros que no cuentan con este detallito en su pasaporte. Por otro lado, la SCVS se se inventa una figura inexistente en la ley y se atribuye la competencia para declarar algo que llamó la inoponibilidad de las juntas generales de accionistas de las compañías. Es decir, la SCVS se va a meter en las decisiones que tomen en Junta. 

Por qué no nos concentramos en regular las Juntas de Accionistas en el metaverso, ahora que la legislación incorporó blockchain para el uso en las compañías. O empezar a desarrollar normativa para que los algoritmos sean considerados accionistas en compañías. ¡Pero no! No vemos cómo mejorar las condiciones al empresario, sino en cómo controlar más a las empresas. 

No hay duda de que la tendencia mundial es la de simplificar el derecho societario. Sin embargo, solo en este país quieren modificar algo que sirve, como las SAS. Con cifras contundentes, más de veinte y dos mil SAS se han constituido, aportando al desarrollo de empresas y a la formalización de negocios. Sin embargo, el mundo va hacia allá. No se puede volver a un statu quo de compañías tradicionales que cumplieron con su función, pero que en este momento son anacrónicas.

También, la tributarista Carmen Simone publicó en su LinkedIn que existe “…la necesidad urgente de eliminar las retenciones en la fuente a microempresas como un mecanismo para incentivar su incorporación a la tributación formal. Sin duda, algo en lo que el SRI debe avanzar para ampliar la base de contribuyentes”.

Este espacio es demasiado corto para hacer un catálogo. Pero se entiende la idea. ¿Para qué cambiar algo exitoso? ¿Por qué complicar y encarecer los trámites a los empresarios? ¿Para qué solicitar certificados y más requisitos? ¿Por qué no facilitar la vida a las empresas? Si se crean las condiciones adecuadas para que estas prosperen, no solo que vamos a contribuir con la generación de plazas de trabajo, sino que ayudarán a incentivar a los empresarios en su rol social. Por eso, es fundamental facilitar la vida a los empresarios. Es la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza.  (O)