El Covid nos privó de amigos y empleos, agudizó las desigualdades socioeconómicas, raciales y de género, mostró la carencia de una estructura de salud en el país y la necesidad imperiosa de tener políticas públicas que resuelvan inequidades de las cuales el mercado no se hace cargo. Nos recordó la importancia de tener un Estado eficaz que nos proteja y nos ayude a salir de crisis imprevisibles. Quienes cargaron con el peso más brutal de la pandemia son los pobres, las mujeres, las comunidades indígenas y los grupos excluidos de los espacios de toma de decisiones.

Gracias a un trabajo del sector público y el privado, la academia y la sociedad civil el Ecuador alcanzó un objetivo que lucía imposible: vacunar en cuatro meses al 60% de su población. Esto muestra que, cuando compartimos un propósito, somos capaces de alcanzarlo.

En ese espíritu, Cusín nos convocó para abordar dos grandes retos que, si bien no son los únicos que enfrenta el país, sí están entre los más apremiantes: somos una sociedad profundamente desigual entre regiones, grupos étnicos y géneros y que padece de grandes privaciones; el segundo es que estamos viviendo los embates del cambio climático y el reto de la sostenibilidad ambiental.

Convencidos del poder del diálogo y colaboración para reconstruir un Ecuador más justo, de oportunidades, equitativo, sostenible y movilizado contra la pobreza, ecuatorianas y ecuatorianos de diversas regiones, condiciones socioeconómicas y visiones ideológicas, representándonos únicamente a nosotros mismos, nos hemos sentado a escucharnos y debatir con el ánimo de llegar a consensos. Hemos comprobado que la polarización ideológica y la falta de diálogo nos inmoviliza como país. Dialogar es normal en democracia. Solo así acordaremos las prioridades nacionales que son comunes a todos y que ningún político de la tendencia que sea puede ignorar. Hemos llegado a estos consensos.

1. Necesitamos un Estado funcional, eficaz, que resuelva los desequilibrios fiscales crónicos que sufrimos. Ningún problema se puede resolver cuando, por falta de recursos, no se implementan las políticas de protección social o, cuando en momentos de abundancia, el exceso de gasto las hace insostenibles en el mediano plazo. Por ello, es imprescindible fortalecer el manejo fiscal. Esto nos permitiría ahorrar en buenos años y, en años de vacas flacas, tener pequeños déficits, pero financiando la política social.
2. Hemos comprobado que la situación fiscal es estructuralmente crítica. Incluso desde antes de la pandemia, el Ecuador arrastra déficits fiscales sostenidos, una deuda pública creciente con altas tasas de interés, caídas bruscas en el gasto social y un elevado riesgo país que, a su vez, desalienta la inversión y eleva las tasas de interés para el sector público como el privado. Este desequilibrio fiscal también concierne a los gobiernos seccionales.
3. Creemos importante desmentir la idea de que el Estado, gracias a los ingresos que genera el petróleo, está en capacidad de asumir nuevos gastos o, incluso, de cubrir los ya existentes. La noción de un Estado pudiente debe ser desechada.
4. Coincidimos en que tener equilibrio fiscal no depende del tamaño del Estado. Con el tamaño que decida la sociedad, el equilibrio fiscal nos hace un país soberano y con más capacidad de responder a los retos que enfrentamos, sin estar sujetos a los vaivenes del precio del petróleo.
5. Pensamos que la política de protección social debe ser más incluyente, más redistributiva y proteger a las familias contra eventos inesperados. Es verdad que el país hace un esfuerzo importante en inversión social, pero está mal dirigido. Un ejemplo son los subsidios a los combustibles que, teniendo una motivación entendible como mecanismo para ayudar a familias de bajos recursos, en la realidad benefician principalmente a aquellos que no los necesitan y agravan la contaminación ambiental.
6. Consideramos que es importante repensar la política de protección social para que, además de ser más redistributiva, promueva el empleo formal y una mayor participación de las mujeres en la vida económica.
7. Creemos que, si bien es ineludible gastar de manera más eficiente, también será indispensable gastar más en áreas fundamentales como la salud, la educación y la seguridad pública en un momento en que el narcotráfico se ha insertado en la economía y nos ha llevado a niveles de violencia desconocidos en el país. Recobrar la paz es una tarea colectiva urgente.
8. Creemos que es esencial fortalecer el sistema tributario, reforzar su carácter progresivo, combatir la evasión y la elusión, ampliar la base de contribuyentes y contemplar la creación de impuestos verdes que fomenten el tránsito hacia la descarbonización de la economía, en acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. La política tributaria debe, a su vez, incentivar la creación de empresas formales para que generen empleos que paguen buenos salarios. Crear empleo es la mejor vía para reducir la pobreza.
9. Reconocemos que la dolarización nos ha brindado estabilidad económica y debe mantenerse; no obstante, oculta la gravedad de la situación porque no tenemos alarmas como la devaluación, la inflación y la corrida de depósitos que antes alertaban sobre los desequilibrios de la economía. El riesgo país es el único indicador que refleja la percepción de si Ecuador es confiable.
10. Creemos que la política tributaria debe fomentar la equidad y debe estar balanceada con las que promueven el crecimiento. Los ingresos tributarios deben alcanzar para financiar el gasto corriente sin desalentar la inversión y la creación de riqueza personal.
11. Sabemos que los ingresos tributarios del Ecuador están por debajo del promedio regional y que podrían aumentar. Pero también coincidimos en la importancia de que esos recursos sean utilizados de manera eficiente y con objetivos claros ante la población.
12. Pensamos que el país debe tener reglas fiscales claras, flexibles, conocidas y aceptadas por la nación. Solo así serán legítimas. La responsabilidad fiscal es un asunto de sentido común y no depende  de la visión ideológica. Es imposible hacer política social sin un riguroso manejo fiscal.
13. Subrayamos que no hacer nada para cambiar la situación actual tiene para la población, especialmente para los más pobres y las mujeres, un costo social que supera el esfuerzo al que estamos convocados para alcanzar una senda de desarrollo sostenible para el país.

En consecuencia, esperamos que el Gobierno y la Legislatura marquen la ruta que saque al país de este entrampamiento sobre la base de un Estado que no gaste más de lo que puede costear la sociedad, que administre con transparencia y sin corrupción los recursos públicos, que su política social reduzca la pobreza y que no hipoteque el futuro ni destruya la naturaleza. El acuerdo fiscal y social que proponemos no es la solución a todos los problemas que enfrenta el país, pero sí es un prerrequisito fundamental para hacerlo. La sociedad civil deberá vigilar el cumplimiento de esta tarea que solo será posible si mantenemos un espíritu de diálogo.

Cusin, 23 de Octubre de 2021. (O)