Continuemos con la sinopsis del documento “Riesgo Política América Latina 2023” (Centro UC Estudios Internacionales – CEIUC, Santiago, Chile, 2023). Al igual que lo resaltamos en nuestra columna de la semana pasada, los enunciados y cifras acá citados están, todos ellos, tomados del estudio por lo que su crédito corresponde al CEIUC y sus editores.

El cuarto factor de riesgo identificado está relacionado con el evidente malestar social presente en la región. Éste, a su vez, consecuencia de la paupérrima situación económica en que subsisten enormes conglomerados poblacionales de América Latina. 

A la vera de intereses políticos, que por cierto abonan al fenómeno, las reacciones sociales violentas deben ser entendidas, según el informe, como secuela del bajo crecimiento económico, del aumento de desempleo e informalidad, y del menor espacio fiscal. El FMI, para 2023, prevé un crecimiento de tan solo el 1,7% en la región. Según la CEPAL y S&P Global, éste se ubicará en el 1,4% y 0,7, respectivamente. La pandemia ocasionó la pérdida de 25 millones de puestos de trabajo, en tanto la pobreza llegó al 33,7% en 2020. La informalidad económica alcanza al 50%. Todo lo anterior se ve agravado por la escasa capacidad de los países de la zona en abordar programas de desarrollo social y de incrementar el gasto público. 

La crisis migratoria ha gravitado de manera determinante en el deterioro de los niveles de vida en la región. De los 7.1 millones de venezolanos que han huido de los impresentables regímenes de Chávez y Maduro, casi 6 millones se han desplazado a 17 países sudamericanos: a Colombia, 3 millones; a Perú, 1.5 millones; y a Ecuador, 1.2 millones. El 49,9% de los migrantes son mujeres. Ha proliferado la xenofobia, la explotación sexual y el reclutamiento por parte del crimen organizado, según expone el informe.

Entre los factores de mayor riesgo imperantes en América Latina se cuenta a aquello que el documento denomina “inseguridad alimentaria”. Refiere que en 2022, 4 de cada 10 habitantes vivían con tal incertidumbre; la población desnutrida regional es del 8,6%. Tomando data del Banco Mundial, el porcentaje de la población que subsiste por debajo de la línea de pobreza es en Guatemala del 59,3% y en México del 43,9%. La subregión andina no se queda atrás. Tales porcentajes son en Colombia, 42,5; en Bolivia, 39; en Ecuador, 33;  y en Perú, 30,1. Ante tan alarmantes cifras no cabe sorprenderse de la creciente violencia que vive la región.

El informe incluye a la “hiperpolarización tóxica por propagación de noticias falsas y campañas de contaminación informática como herramienta política”, como fenómeno de riesgo para la democracia de la zona. Las redes sociales se han convertido en vehículo de difusión tanto de desinformación como de mensajes de odio… lo cual ha fomentado la polarización. Si a ello se une la creciente indignación de la población con la política y la escasa credibilidad ante las “elites” gobernantes, el panorama se torna dramático. 

Por cierto, consideramos que en la materia existe también un ingrediente ético digno de resaltar. Cuando los actores políticos carecen de una mínima escala de valores que guíe su actuar, acuden a las “fake news” a título de instrumento de desenvolvimiento hacia perversos intereses particulares. Lo hacen, en todo caso, sin percatarse de que el pueblo los identifica como amorales y que más temprano o tarde tomará conciencia de ello y los tachará de indignos.

Para cerrar el análisis, refirámonos a la pérdida de competitividad como factor contingente en América Latina. El tema lo desarrolla el informe concatenándolo con la limitada capacidad de los países de la zona para atraer inversión extranjera directa (IED). Así, destaca que según estadísticas de la UNCTAD, en 2021 la región recibió solo el 9% de la IED total del mundo. Ello representó una importante contracción frente al 14% registrado en 2013 y 2014. Los principales estorbos los relaciona con nacionalismos económicos mal interpretados, incertidumbre política y carencia de incentivos para los inversionistas foráneos.

Según el Instituto de Competitividad ADEN, a 2022, el mejor índice de competitividad en la región lo tiene Chile con un 77,8. Colombia lo mantiene en 66,3; Perú alcanza al 65,4 y Ecuador llega al 61,8. A la cola se encuentran Bolivia (55,8) y Venezuela (47,9). 

Como puede apreciarse, los retos para América Latina son enormes. Estamos los latinoamericanos compelidos a emprender en sostenidos esfuerzos de corto, mediano y largo plazo para superar las deficientes estructuras sociales, económicas y políticas, que al margen del potencial de la región son un serio obstáculo para su desarrollo integral.  (O)