En enero de 2023, el Centro UC Estudios Internacionales – CEIUC (Santiago, Chile) publicó el documento “Riesgo Política América Latina 2023”. Sus editores son J. Sahd K., D. Zovatto y D. Rojas. Nuestra columna de hoy presenta una sinopsis de éste. Los distintos enunciados y cifras a que nos referiremos están, todos ellos, tomados del estudio por lo que su crédito corresponde al CEIUC y a los editores.

Según el análisis, la debacle –calificativo nuestro– por la que atraviesa América Latina tiene su origen en algunos factores y fenómenos que caracterizan para mal al continente. Entre estos incluye al crimen organizado, el retroceso democrático, la complejidad de su gobernabilidad, el malestar social, la crisis migratoria, la inseguridad alimentaria, la contaminación informativa como herramienta política y la pérdida de competitividad. A simple vista puede apreciarse la objetividad con que se aborda al difícil momento social, político y económico, que puede llevar a una nueva década perdida de nuestros países.

En cuanto al proceso delincuencial, el documento parte de señalar que si bien la población de la zona representa no más del 9% del planeta, América Latina y el Caribe registran más del 30% de los homicidios mundiales. Al margen de lo decidor del dato, lo más preocupante viene dado por el hecho cierto de que el crimen organizado tiene su caldo de cultivo en los Estados débiles y las instituciones corruptas. Señala que éstas, en específico, son propias de economías informales con elevados índices de desigualdad y pobreza. Por cierto, la administración de justicia dependiente de otras funciones estatales y su patente corrupción abonan al fenómeno y su impunidad.

La tasa de homicidios promedio en los países no democráticos es de 43 por cada 100.000 habitantes. A la cabeza tenemos a Venezuela con 40.9 y Honduras con 38.6. Por abajo están Colombia con 26.8 y México con 26; en Perú, según el estudio, solo asciende al 4.3. En Ecuador la tasa que nos ocupa es de 14. Es interesante anotar que para Argentina y Bolivia no se dispone de datos. 

Transparency International, citada por el CEIUC, incluye a Uruguay como el país con el mejor índice en materia de percepción de la corrupción. A la cola están Venezuela y Nicaragua. En el “medio” de la región constan Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador y México.

El retroceso democrático se manifiesta en el marcado deterioro de la institucionalidad. El populismo – causa y consecuencia de la crisis en la gobernabilidad de los países de la región – vuelve a hacer aparición. Si bien no puede ello ser alentador, el estudio comenta que a finales de 2022, dos tercios de la población mundial vivían “democracias en retroceso o en regímenes híbridos y autoritarios”.

Lo expuesto va de la mano de lo referido en el informe como “gobernabilidad compleja”. Cita de manera ejemplificativa que la conformidad con Boric cayó 40% en cinco semanas, Petro incrementó 20 puntos su desaprobación en dos meses. La aprobación de los presidentes peruano y argentino, en 2022, no alcanzaba al 30%. Según el documento, estos datos reflejan la complejidad política de América Latina descubierta en las tensiones entre las funciones ejecutiva y legislativa. La clase política y la ciudadanía no tienen clara conciencia de la importancia de llegar a acuerdos en bien de los países, a lo cual se une la escasa confianza del pueblo en las instituciones públicas.

Las elecciones en nuestros países no expresan ideología alguna. La alternabilidad democrática se da a título de mero “voto de castigo” para los oficialismos. Refiere el estudio que entre 2019 y 2021 en 13 de las 14 elecciones presidenciales los votantes mudaron de signo político. 

Avalamos lo expuesto por el CEIUC en el sentido de que las mutaciones en las sociedades latinoamericanas, durante las últimas dos décadas, no han venido acompañadas de los necesarios cambios en los Estados. Estos “siguen operando con las lógicas del siglo XX”. 

Creemos nosotros que lo anterior es en particular cierto con las derechas políticas iberoamericanas. Éstas se resisten a aceptar que deben mirar a sus pueblos bajo una óptica de solidaridad social, en función de lo cual están obligadas a compartir el bienestar económico con los sectores poblacionales que han vivido, por demasiado tiempo ya, a la vera de la justicia social. La derecha de la región, en general, se sigue identificando con las élites económicas reaccionarias a cambios socioeconómicos cualitativos, lo cual ahonda las desigualdades e inequidades de la población. También existe una derecha “ideológica” que si bien no disfruta de los privilegios materiales de la anterior, se opone –por esnobismo y frustración– a progresar ideológicamente.

Continuaremos en nuestra próxima entrega con los otros factores y fenómenos referidos al inicio. (O)