La reciente decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) de extinguir el título habilitante para los servicios de cable submarino Carnival Submarine Network de Telconet pone de manifiesto los riesgos que representa la falta de seguridad jurídica en Ecuador. Este caso no solo compromete una inversión de 250 millones de dólares en una infraestructura estratégica, sino que también refleja un patrón histórico de decisiones arbitrarias que han sumido al país en millonarios arbitrajes internacionales, generalmente con fallos desfavorables para los intereses nacionales.

La extinción del título habilitante de este proyecto, desarrollado en alianza con la multinacional Alcatel, no es un hecho aislado. Ecuador tiene un preocupante historial de decisiones regulatorias inesperadas que afectan sectores estratégicos como el petróleo, telecomunicaciones, infraestructura portuaria y minería. Estas acciones generan incertidumbre entre los inversionistas internacionales, quienes priorizan jurisdicciones que ofrecen estabilidad y previsibilidad.

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El Índice Global de Estado de Derecho 2024, elaborado por el World Justice Project, refuerza esta percepción. Ecuador ocupa el puesto 97 de 142 países, ubicándose entre los peores de América Latina. Este índice evalúa aspectos críticos como el respeto a los derechos fundamentales, la justicia civil, la justicia penal y el cumplimiento regulatorio. Las caídas pronunciadas en justicia civil (-31 puestos desde 2020) y cumplimiento regulatorio (-25 puestos) son alarmantes, destacando un entorno poco competitivo y adverso para la inversión extranjera.

El caso de Telconet repite lamentables patrones históricos. En 2006, la controversia con la petrolera Occidental marcó un punto de inflexión en la inversión petrolera privada en Ecuador. La decisión unilateral de terminar el contrato, ignorando los mecanismos legales establecidos, resultó en un arbitraje internacional que obligó al país a pagar 1.770 millones de dólares. Este episodio no fue una excepción, sino el inicio de una serie de conflictos similares que han tenido costos económicos exorbitantes y afectado severamente la reputación del país.

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En 2022, un caso reciente mostró que la historia sigue repitiéndose. El gobierno revirtió los bloques petroleros 16 y 67 a Petroecuador, rechazando una inversión de 300 millones de dólares destinada a aumentar la producción. Esto derivó en una caída del 30,4% en la producción de estos campos. Un panorama similar parece avecinarse con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), cuya operación será asumida por el Estado, desestimando propuestas de inversión de su operador actual.

Los arbitrajes internacionales no son meras eventualidades, sino consecuencias directas de la falta de respeto a los contratos y al debido proceso. Sectores estratégicos como telecomunicaciones, petróleo y minería han sido particularmente afectados por decisiones arbitrarias, alejando capitales y generando multimillonarias indemnizaciones que Ecuador no puede permitirse.

La comparación regional es reveladora. Países como Chile y Costa Rica atraen inversiones extranjeras que representan hasta el 6% de su PIB, mientras que en Ecuador esta cifra apenas alcanza el 0,3%. Según datos del Banco Mundial y la CEPAL, estas cifras no solo reflejan una brecha de competitividad, sino también diferencias estructurales en cuanto a estabilidad jurídica y previsibilidad.

Para revertir esta tendencia, Ecuador debe priorizar la seguridad jurídica como piedra angular de su política económica. Respetar los contratos, garantizar un marco regulatorio claro y predecible, y fortalecer el sistema judicial son pasos esenciales para construir confianza en los inversionistas.

El caso Telconet representa una oportunidad para que el país demuestre su compromiso con un entorno confiable para las inversiones. Sin embargo, si el gobierno persiste en decisiones sin fundamento legal, no solo se perderá una infraestructura tecnológica clave, sino que también se comprometerá el futuro económico y digital del país.

La seguridad jurídica no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, Ecuador seguirá pagando el precio de su discrecionalidad, mientras las oportunidades de desarrollo se desvanecen ante nuestros ojos, hasta el punto en que dejen de llegar. (O)