Se sigue con la "cantaleta" de bajar el gasto público porque han surgido nuevos hechos que reanima continuar insistiendo en la necesaria reducción del mismo a pesar de las múltiples argumentaciones de no poder reducirlo. Uno de los ejemplos más relevantes es el caso argentino y las acciones adoptadas por el presidente Javier Milei. En ese país también estuvieron presentes muchas restricciones que supuestamente impedían esa reducción de los egresos públicos pero finalmente al cabo del primer año de gestión han reducido 15 puntos porcentuales del PIB en gasto innecesario e ineficiente, cifra gigantesca compuesta por 7 puntos del PIB menos en el presupuesto y 8 puntos del PIB menos en lo que se denomina el déficit cuasifiscal o aquel que acumuló el Banco Central Argentino. Esto ha dado lugar a una baja considerable de la tasa de inflación y a un diferencial cambiario entre la cotización del Banco Central de Argentina y el del mercado libre del 10% cuando antes llegó a ser del 300%. Otros indicadores también demuestran claras mejorías como la caída sustantiva del riesgo país de más de 2.000 puntos básicos a menos de 700 puntos básicos, así como la probable nueva inversión privada en cifras también significativas.

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El recorte del gasto público cuando éste se ha sobredimensionado no solo promueve algunos beneficios como los citados en el caso argentino, sino que reduce significativamente la necesidad de nuevo endeudamiento y estimula un crecimiento económico de mejor calidad, pues el gasto del estado lamentablemente casi nunca es eficiente. Para el caso de Ecuador, si bien la dolarización impide una cobertura del déficit fiscal con dinero de emisión o con depreciación cambiaria, es decir, impide el impacto inflacionario del déficit, sin embargo es una clara invitación a mayor endeudamiento público, lo que compromete la viabilidad y sostenibilidad fiscal a mediano y a largo plazo.

El gasto público en el país no es solo un problema de exceso de burocracia, cuya obesidad produce un incentivo perverso para que el estado introduzca más tramitología que afecta los costos de la actividad privada, sino que termina presionando a producir más ingresos tributarios. Así mismo, un gasto público desmedido desplaza inversión privada, conocido fenómeno denominado como "crowding out", lo que implica menor actividad económica y más desempleo.

El problema del gasto tiene varias dimensiones, pues además de ser una situación de exceso de tamaño burocrático que impide brindar servicios públicos adecuados, es un problema del nivel salarial, pues la estructura pública en promedio duplica las remuneraciones en el sector privado. Así mismo, no es correcto asumir que los sectores educación, salud, fuerzas armadas y policía nacional, que efectivamente concentran el grueso del tamaño de servidores públicos, no hay excesos. Son también sectores con mala calidad de gasto público donde procesos de optimización son necesarios y posibles. Uno de los factores que ejerce presión de gasto es el rol de tener a un estado "empresario", función que no lo cumple eficientemente. El que se tenga a un sector público en petróleo, electricidad, distribución y generación eléctrica, en telecomunicaciones, entre muchas otras actividades, hace que se desvíen recursos y la calidad del gasto público también sea ineficiente. 

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Es también otro problema a resolver la falta de rendición de cuentas donde la normativa habla de montos pero no de metas o de principios de calidad de gasto público. Que el 2025 se le asigne el 6% del PIB a la educación y el 4% del PIB a la salud, no solo hace crecer el gasto sino que sin los indicadores de calidad y sin las metas necesarias, muy probablemente el beneficio a la ciudadanía no llegue. Similar es el caso de las transferencias a los Gad´s, donde existe un total desconocimiento del destino de las transferencias que son el resultado del ingreso petrolero en el 10% y del tributario en el 20%.

Los campos citados donde se debe actuar para llegar a un menor gasto público y de mejor calidad va a generar un mayor beneficio para la sociedad y para el país, pues reducirá la dependencia del endeudamiento público, liberará recursos para que el sector privado invierta con mejor calidad que el estado, enviará una señal positiva a los mercados que incidirá favorablemente en el riesgo país, lo que habilitará la opción de acceder a financiamiento más barato, lo que también redundará en mayor inversión extranjera y por ende mayor crecimiento económico con menor desempleo y subempleo. Por lo tanto, no se trata de un recetario ideológico sino de una política económica pragmática que casos como el argentino, entre otros, ya están dando sus frutos.

Algunas de estas acciones no son políticamente rentables pero los gobernantes deben actuar para beneficio del país y no de grupo o de personas. El país necesita crecer y bajar la informalidad y el desempleo, para lo cual seguir alimentando el gasto fiscal no solo que va en contravía de lo que se debe hacer sino que perenniza los problemas. (O)