Era tan solo cuestión de tiempo. En junio de 2022, ya lo sabíamos. Ahora nos basta con remontarnos un instante a las últimas horas del último paro (que no fue otra cosa que un solapado intento de golpe de estado), cuando se promovieron como gran solución las mesas de diálogo con el gobierno, para comprender que todo aquello se volvería a vivir muy pronto.
Recordemos por un instante los diez puntos originales de los pedidos de la Conaie, que en su gran mayoría eran imposiciones absurdas, imposibles, caprichos delirantes o fanfarronadas, y que en las citadas mesas se convirtieron en decenas de aspiraciones y pretensiones no resueltas de ciertos dirigentes que solo buscaban una tregua para replegarse, retomar fuerzas, renovar sus fuentes de financiamiento y organizar con tiempo el nuevo paro (el nuevo golpe) del 2023.
Por eso a nadie sorprende que varios dirigentes de la Conaie, que en dos ocasiones han sido exculpados, amnistiados o han eludido su responsabilidad penal por actos terroristas, sabotaje, paralización de servicios públicos, invasión y daño a propiedad pública y privada, y también por otros delitos, ahora anuncien un nuevo paro nacional (eufemismo actual que está de moda y que se usa para ocultar intenciones golpistas), supuestamente porque el gobierno ha incumplido su “promesa de moratoria en todos los proyectos mineros legales del país”, promesa nunca hecha ni dicha ni tratada en aquellas mesas, en las que solo se planteó la no apertura del catastro, cosa que el gobierno ha cumplido. Así de amplio, así de descarado, así de burdo se plantea el nuevo paro (el nuevo golpe).
En este contexto particular, la pregunta que todos nos deberíamos hacer es ¿quiénes financiarán este supuesto paro que busca consolidar la “moratoria de todos los proyectos mineros legales del país”?
La respuesta, a la luz de las primeras declaraciones realizadas por los dirigentes de la Conaie, es más que obvia. El objetivo final, por supuesto, serán todos los yacimientos mineros del país, en especial los que se encuentran más avanzados, que son los que tienen reservas probadas y en los que el Estado cifra las expectativas de los mayores ingresos económicos de las próximas décadas. No en vano, Iza lo advertía en días pasados: “Así hayan invertido, no van a poder desarrollar minería en Ecuador”.
Si pensamos mal, como debemos pensar siempre que aparecen estos individuos que van ya por su tercer intento desestabilizador bajo el paraguas falso del paro nacional, el ataque a la minería formal tiene, además del evidente trasfondo político, un interés económico decisivo para la creciente y desenfrenada industria de la minería ilegal, ligada a ingentes inversiones de dinero ilegítimo y a varios delitos vinculados como el lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, explotación laboral, trabajo infantil, tal como se ha constatado en los últimos meses en los operativos realizados por el gobierno en la zona de Jatunyacu, provincia del Napo, o en Chinapintza, provincia de Zamora Chinchipe, en Zaruma, provincia de El Oro, o en la ya célebre Buenos Aires, provincia de Imbabura, lugares en los que se han cometido (se cometen a diario) gravísimos daños medioambientales, además de innumerables hechos delictivos como los referidos.
Curiosamente, contra esas actividades mineras ilegales, relacionadas con delitos execrables, devastadoras del medio ambiente en distintas zonas vulnerables del país, incluso en zonas urbanas y áreas protegidas, ninguno de los promotores del nuevo paro (del nuevo golpe) ha dicho una sola palabra, ni las han condenado, ni las han amenazado, ni las han pretendido paralizar para evitar desastres mayores en las zona afectadas. Por el contrario, sus dirigentes e ideólogos, de forma absolutamente sospechosa, mantienen un silencio cómplice, hermanado y solidario frente al azote de las mafias de minería ilegal en todo el país. Por ahí deben estar revoloteando los financistas ávidos de negocios más rentables.
Y es que todo cae por su propio peso, y los extraordinarios descubrimientos geológicos descubiertos durante los últimos años en el Ecuador, nos sitúan por necesidad en el camino de la explotación minera formal, controlada y regulada bajo los parámetros más exigentes y modernos para la protección y reparación del medio ambiente, sin posibilidad alguna de que el Estado decida no explotar y dejar bajo tierra los recursos, pues eso es justamente lo que esperan tanto los ilegales como los acólitos del tan anunciado paro. (O)
