Es un típico dilema de la política económica el manejo del ajuste macroeconómico y el comportamiento del crecimiento de la actividad productiva. Los países no pueden progresar ni aspirar a mejorar las condiciones sociales si la economía no se mantiene en condiciones mínimas de estabilidad. Pero tampoco el crecimiento económico permite por sí solo una mejora sensible y duradera del bienestar de la sociedad. Períodos prolongados de ajuste macroeconómico sin crecimiento también cuestiona el ajuste y lo torna poco sostenible. Estas son realidades que se evidenciaron con total claridad en los problemas sociales y de protesta ciudadana ocurridos en el 2019 en muchos países de la región. Algunos países con muchos años de estabilidad económica y crecimiento aceptable, caso de Chile, y otros con problemas de estabilidad y con bajo crecimiento, caso del Ecuador, sufrieron fuertes protestas sociales. La verdad es que la experiencia vivida brinda algunas lecciones que merecen ser entendidas a fin de aplicar los correctivos que correspondan.
Aterrizando al caso ecuatoriano, entramos a la pandemia con serios problemas macroeconómicos, esto es, déficit fiscales profundos y permanentes, endeudamiento público acelerado, sin reservas internacionales, sin ahorros fiscales, alejados de la economía internacional y con un periodo de estancamiento económico cercano a los 5 años. El confinamiento y el problema de salud vino a profundizar el problema y a convertir el año 2020 en la crisis más severa de toda la historia económica del país. En esa coyuntura se logró un importante apoyo internacional por parte de los organismos internacionales, se introdujeron reformas económicas que ayudaron a paliar las secuelas de la crisis, se renegoció una parte importante y onerosa de la deuda externa por nuevo endeudamiento en mejores condiciones y con todo ello se mejoraron los indicadores macroeconómicos dentro de la profundidad del problema.
A finales de 2021 se tiene una economía pública con mayores ingresos tributarios y petroleros, los primeros por el rebote económico del año luego de la caída del año previo y, lo segundo, por el importante crecimiento del precio del petróleo por encima de los USD 80 el barril. A esto se suma el financiamiento externo del FMI y del resto de multilaterales y la entrega del FMI al Ecuador de Derechos Especiales de Giro (DEG´s), en valores cercanos a los USD 1.000 millones, aporte significativo que además no constituye un crédito por lo que no es nueva deuda.
Todo este entorno se presenta con una perspectiva de llegar a una tasa de crecimiento económico del 3% el 2021 y alcanzar el 5% el 2025. En el primer caso se registra un ritmo de recuperación bajo frente al resto de países de la región, producto de la imposibilidad que se tuvo de inyectar mayor cantidad de recursos durante la pandemia. Sin embargo, el proceso de mejorar los estándares de estabilidad macroeconómica con unas finanzas públicas sanas no es incompatible con aspirar a mejores tasas de crecimiento económico. El gobierno debe realizar todas las gestiones necesarias para acceder a inversiones privadas mas significativas identificando proyectos estratégicos y emblemáticos que permitan obtener, en plazos más cortos, cantidades importantes de dinero para que la recuperación económica se acelere. Proyectos petroleros como la concesión del campo Sacha, la concesión de hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair y Sopladora, la venta del Banco del Pacífico, la concesión de CNT y la venta de las antenas, la concreción de nuevos proyectos mineros, entre otras áreas, permitirían mejorar el ritmo de recuperación productiva al tiempo de también mejorar los indicadores económicos frente al PIB, recuperar el empleo y darle más tranquilidad social al Ecuador. Si solo vendemos ajuste sin más crecimiento económico será más difícil gobernar, peor con el problema político del momento. (O)
