La disputa ideológica sobre el papel del Estado, la conveniencia de su existencia y los términos de su participación, han sido y son motivo permanente de un intenso debate, cuyas visiones extremas van desde el reconocimiento de su poder absoluto (marxismo), hasta la versión que pregona su inutilidad casi total (libertarios). En el medio juegan algunas variantes con tonalidades que marcan la inclinación de la acción pública, siendo la versión posiblemente más clara, conceptualmente definida es la famosa “Economía Mixta de Mercado”, pregonada por el premio Nobel Paul Samuelson. La razón por encima del dogma.
Todos lo países que han conseguido expandir la base de bienestar de sus colectividades, lo han hecho bajo esta visión que optimiza las potencialidades de las economías de mercado con un Estado capaz de corregir, de manera eficiente, las distorsiones del sistema, en especial las relativas a las dificultades de ofrecer parecidas oportunidades para todos los miembros de la sociedad.
En ese plano, antes se creía que el arma más poderosa para hacerlo era un sistema de tributación progresiva, que capture una proporción superior (hasta confiscatoria) a aquellos que generan rentas mayores, para con ello reducir las brechas de la inequidad. Hoy, casi todos los estudios de política económica sostienen que, sin perder de vista una razonable y calificada progresividad, la calidad del gasto público es más potente para subsanar las raíces estructurales de un país marcado por una realidad social éticamente inaceptable.
Este cambio marcado de la visión o construcción del Estado lleva a tener una política mucho más cuidadosa del uso de los recursos entregados por la colectividad para que dedique sus mayores arrestos a ese propósito fundamental de construir un país que ofrezca futuro a su gran mayoría.
Entonces, el trabajo consiste en encontrar ese equilibrio sano entre la capacidad de contribución de la sociedad y las necesidades que deben ser cubiertas por el Estado para cumplir el verdadero propósito conceptual de una economía libre, democrática. Pues bien, al desagregar todo el enjambre de temas que juegan en esta construcción, aparecen las claves que debe contener una política fiscal para considerarla asociativa del desarrollo, y estas podrían resumirse en: 1.-Debe fomentar la inclusión social; 2.-Debe ser favorable al crecimiento; 3.-Tiene que ser contra cíclica; 4.- Sustentarse en una sólida contribución equitativa de los agentes económicos; 5.-Tiene que ser eficiente, austera y transparente.
En el mundo actual, luego del impacto de la pandemia del Covid 19, las estructuras fiscales han sufrido quebrantos. Los desequilibrios son los mayores de la historia; las necesidades sociales requieren más recursos y, las deudas están en niveles de cuidado. Con esta realidad, la formulación de los programas de recuperación del crecimiento y del manejo equilibrado tienen puntos de conflicto pues no siempre van de la mano. Sintonizar su combinación optima sigue bajo debate, aunque está claro que la reparación de los daños sociales y de la estructura productiva tienen prioridad, pero en un horizonte que no ponga en peligro la estabilidad general de las economías. ¡Vaya dilema!
De ahí que, dentro de tantas cosas en discusión, se necesitan más ingresos públicos sin dañar la demanda de inversión privada y, el camino encontrado es llevar la tributación de las corporaciones a un nivel más justo, pues hoy contribuyen proporcionalmente menos que las personas por las elusiones tributarias derivadas de radicar ingresos en paraísos tributarios y la presencia de exenciones disonantes, elementos que han llevado a la OECD, al G-7 a impulsar el concepto de Impuesto Mínimo Corporativo Mundial sobre la aplicación de una base contributiva de Renta Global.
Equidad tributaria sería el lema del propósito, cuya validez ética parece incuestionable pues atiende el punto 4 de las claves fiscales. (O)
