Si bien es cierto no existen un consenso sobre el impacto negativo que genera la corrupción en el crecimiento económico de un país, el debate sobre la correlación y efecto entre estos dos factores seguirá vigente a nivel académico. 

En términos generales, la corrupción afecta de manera directa en tres aspectos fundamentales del quehacer diario de una nación. En primer lugar, los efectos que genera la corrupción en el sector público se trasladan al normal desempeño en las operaciones de los negocios; en su crecimiento y en la calidad de sus productos y servicios. En segundo lugar, el efecto de la corrupción de un país contribuye aún más en  la inequidad y en la distribución de los recursos públicos. Finalmente, el impacto corrosivo de la corrupción termina por afectar de manera negativa en la gobernabilidad y en el ambiente necesario para generar crecimiento económico. 

Sin que debamos menospreciar los argumentos a favor o en contra del debate que se plantea, lo cierto es que hay evidencia que indica que los países con mayores índices de corrupción tienen un menor crecimiento económico y una menor libertad a la hora de hacer negocios. Ejemplos sobran.  En el continente americano, los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son referentes de lo mencionado. A nivel mundial, países como Corea del Norte, Libia y Afganistán se ubican dentro de los más corruptos y, tienen como factor común, el hecho de que estos tienen un pobre desempeño económico y están gobernado bajo sistemas dictatoriales.  

Para ejemplificar aún más lo expuesto, basta anotar que al comparar las economías de Corea del Norte y Corea del Sur se determina que la economía de Corea del Sur es 54 veces mayor que la de su vecino del norte y con una esperanza de vida superior de más de 7 años. Obviamente, estos dos países cuentan con sistemas de gobierno ideológicamente opuestos. 

A nivel macro económico, la corrupción afecta de manera negativa en el desempeño económico ya que esta desincentiva la inversión extranjera de calidad así como también en el sistema impositivo y en la eficiencia en el gasto público pues la corrupción distorsiona la asignación de los recursos en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Ahora bien, centrar el debate únicamente en los índices de corrupción resulta estéril si no existen las herramientas necesarias para combatirla sino eliminarla. Este implica que los actos comprobados de corrupción no caigan en la impunidad y el olvido. 

Como lo menciona Salvador Nava Gomar, jurisconsulto español, en un reciente artículo publicado en revista El Financiero, la corrupción y la impunidad son fenómenos indisolubles ya que entre ellos existe una relación de causa y efecto en términos de reciprocidad puesto que la agudización de la una genera profundización en la otra. 
Se puede añadir así mismo, que la impunidad en los actos de corrupción se produce por la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de conductas delictivas. Por ello, se podría decir que el combate a la corrupción es también -y exige- el combate a la impunidad.  

Para el Ecuador, si bien contamos con un nuevo gobierno que ha decidido cortar de raíz las prácticas corruptas de  gobiernos anteriores, resulta difícil pensar que esta se vaya a combatir de manera exitosa si no se comienzan a poner los cimientos necesarios para que los actos de corrupción debidamente demostrados queden en la impunidad. 

Una tarea pendiente es la de la aclarar las llamadas rutas del dinero. Esto es,  rastrear el origen y el destino de los recursos mal habidos para -de ser posible- devolverlos a las arcas fiscales en beneficio del país. 

El país necesita conocer la verdad y establecer con absoluta certeza cuál fue el perjuicio que la corrupción correísta le ocasionó a nuestra nación. Para que esto ocurra, es indispensable contratar empresas internacionales calificadas para iniciar un proceso de investigación a nivel internacional, que permita rastrear la ruta del dinero y recuperar los miles de millones de dólares que se llevaron en coimas y sobreprecios. Es importante puntualizar que la contratación de una de estas empresas debería ser vista como una inversión y no como un gasto para el Estado, pues la recuperación de los recursos sobrepasaría en varios miles de millones de dólares al monto que se ha logrado renegociar por conceptos de deuda.  

Siguiendo esta lógica, si se combate la impunidad, se combaten y se desalientan los actos de corrupción. Para que esto ocurra, es necesario contar con organismos de control técnicos y despolitizados. Una vez combatida la corrupción, podremos esperar que las expectativas de crecimiento económico sostenido puedan ser viables.  (O)