Hace pocos días se desarrollaron los debates entre los candidatos a la presidencia de la república de los que se podrían extraer algunas conclusiones siendo una de ellas la repetitiva promesa de servicios y obras que brindarían a la ciudadanía si llegaran a la primera magistratura. Algunos de ellos anunciaron la baja de impuestos, como es el caso del IVA, argumentando que reducir impuestos no significa menor recaudación tributaria, inclusive haciendo referencia a un concepto de teoría económica conocido como la Curva de Laffer. Otros también comentaron sus intenciones de bajar impuestos cuya compensación provendría de la cobranza que realizarían a los evasores. También citaron la preferencia de atender la deuda social antes que la deuda pública, en especial la externa. No fueron escasas las promesas de más obra pública sin citar claramente las fuentes de recursos para tales ofrecimientos. No se escucharon acciones para resolver el problema pensional de la seguridad social ni el caos del sector de la salud pública ni de la propia seguridad social.
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El denominador común de estas promesas de campaña es la falta de entendimiento de la realidad fiscal del país y la gran diferencia entre la teoría y la práctica. Sin una reforma de toda la maraña de restricciones del presupuesto del estado será imposible cumplir en el gobierno estos anuncios, sin importar cuál candidato resulte elegido. Cuando tomen posesión del gobierno se percatarán que el margen de maniobra para ejecutar una serie de ofertas es casi nulo así como la gran diferencia entre lo que dice el papel y lo que se puede hacer en la práctica.
El IVA, para precisar, le rinde al fisco cerca de USD 6 mil millones anuales siendo el de mayor recaudación. Es un impuesto indirecto de recaudación mensual, le genera liquidez continua al presupuesto del estado, situación distinta al caso del impuesto a la renta que es generador de ingresos fiscales mayormente en marzo y abril de cada año y, finalmente, el IVA es un impuesto muy difícil de evadir que no sean las ventas sin factura. Esto significa que es un impuesto muy eficiente desde la perspectiva de la recaudación y su porcentaje, a pesar del ajuste al 15%, está por debajo de la mayoría de los países de la región. Si el supuesto es afirmar que una baja del mismo no afectará la recaudación o inclusive decir que aumentará la capacidad de compra de las personas, es asumir que la demanda agregada no es más dinámica porque el IVA es muy elevado. Esa hipótesis es falsa. La gente no demanda más bienes y servicios porque el porcentaje del IVA les impide, eso ocurre porque el empleo es bajo, solo un tercio de la población tiene un trabajo formal, porque la informalidad es alta. Si se eliminará el IVA, ¿acaso se puede reanimar la demanda agregada? No. Se necesita que la economía crezca a mejores ritmos y para ello la inversión privada es el mayor aportante.
Por otra parte, una baja del IVA en una situación fiscal con un déficit superior al 4% del PIB sería un total despropósito, pues ampliaría el desequilibrio, crecerían los atrasos y le obligaría al estado a buscar mayor endeudamiento. La curva de Laffer asume que con menores tasas impositivas podría mejorar la recaudación o, al contrario, que mayores tasas de impuestos no se mejora necesariamente la recaudación.
Con déficit fiscales significativos, caso del Ecuador, una baja del IVA, como se anotó, ampliaría sin duda alguna el desequilibrio fiscal con las otras secuelas mencionadas. La baja de impuestos podría rendir resultados favorables en recaudación en economías con mejores tasas de crecimiento del PIB, situación que no es la del Ecuador actual.
Cabe añadir también que una baja de impuestos, según algunos candidatos, puede financiarse con la cobranza que se haga a los evasores, lo cual es casi un mensaje lírico sin sustento. No porque no sea necesario que el estado sancione y cobre a los evasores sino porque la política económica no puede sustentarse en expectativas sin probabilidades ciertas. Esta debe obedecer a hechos ciertos y creíbles que generen certidumbre y confianza. La evidencia muestra que las disputas entre el SRI y los contribuyentes, aproximadamente un 50% de los casos resulta a favor del estado y un 50% a favor del contribuyente. No se puede sostener que todas las discrepancias en el pago de impuestos responden a irregularidades de los contribuyentes, pues el SRI también comete en ocasiones errores o excesos. Por lo tanto, la política fiscal no podría descansar en imponderables que no pueden anticipar el resultado ni las fechas en que brinden recursos.
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Si algo debe precautelar cualquier gobierno es el cumplimiento de sus obligaciones y contratos. Parte de los problemas de registrar altos niveles de riesgo país y de montos de inversión extranjera marginales son las moratorias de deuda del pasado y los incumplimientos de contratos entre empresas privadas y el estado. Cualquier mejora en las condiciones del endeudamiento publico del país debe hacerse sobre bases voluntarias, de mercado y de común acuerdo entre las partes. Argüir la repetitiva expresión de la soberanía o el pago de la deuda social por sobre la deuda externa, suena políticamente bien pero es realmente una fábula que contradice la realidad y la necesidad de mantener adecuadas relaciones internacionales y no encarecer el financiamiento externo o alejar la inversión extranjera.
El presupuesto del estado destina recursos para atender la deuda pública interna y externa en USD 3.500 millones anuales en intereses y USD 4.500 millones en capital, a pagar la operación del estado y una nómina excesiva superior a los USD 10.000 ,millones anuales, a pagar subsidios como el del diesel que representa más de USD 2.000 millones anuales, el de la seguridad social que es mayor a los USD 3.000 millones anuales, las transferencias a los GADS que suman aproximadamente USD 2.300 millones anuales, las preasignaciones al sector de la educación que es del 6% del PIB en el 2025 y para la salud del 4% del PIB en el 2025, y todos estos gastos sin rendición de cuentas ni metas. Por ello, es imposible hablar de más obra pública sin reformar esta estructura rígida que impide que el gasto de capital o de inversión sea el que el país necesita. Además, algunas de estas reformas son políticamente difíciles, como el de la seguridad social, pero no por ello pueden seguir postergándose.
En campaña se puede decir cualquier cosa, se puede ofrecer el oro y el moro, pero el momento de gobernar tendrán que decidir lo difícil en lo político, en lo económico y en lo social, lo que más beneficie al país a pesar de sectores que se opongan. Si no tienen claro esta realidad, seguiremos parqueados sin movernos. (O)
