Los temidos y desquiciantes apagones regresaron a la vida diaria de los ecuatorianos. La producción nacional no alcanza y el hueco es enorme. Así de dura es la realidad (producto de la irresponsabilidad política) y, salvo medidas de emergencia inevitables y carísimas que además son parches temporales y parciales, sólo se la puede enfrentar con otra Política Pública. La actual, claramente demagógica e ideologizada no sirve.
1.- Para empezar, la solución no va por el divorcio que se fraguó entre los sectores público y privado como gestores que gobiernan la política energética. Abordarlo de esa manera es absolutamente anacrónico por no decirlo torpe. La solución camina por la búsqueda del mejor esquema que solucione el problema desde sus raíces, basado en la continuidad y eficiencia del servicio dentro de un marco de competencia. Pregunta: ¿Esto requiere reforma constitucional? No lo se y espero que no.
2.- El gobierno no tiene dinero para invertir, está sobreendeudado y la situación financiera es precaria. Para cubrir su presupuesto y sobrevivir el día a día, se tomó las disponibilidades operativas de varias actividades públicas y sólo Dios sabe cuándo les podrá devolver. Además, se ve varios frentes que piden más plata para seguridad, salud y ciertos programas de bienestar social. Es más, en estos meses necesita más dinero para paliar esta crisis con medidas de emergencia. Y, hasta ahí llega.
3.- La solución es contar con una infraestructura dinámica que no sólo atienda las necesidades del momento, sino que esté lista con lo que el país necesite en tiempos por venir que demandarán algunas decenas de miles de millones de dólares. Preguntas: ¿Quién los tiene? ¿Qué condiciones se requieren para atraerlos?
4.- No hay duda de que se precisa implantar condiciones de un mercado en precios y sistema de pago seguros, confiables para por lo menos abrir una ventana de interés de los inversionistas en evaluar la posibilidad de venir al país. Es indispensable regresar al concepto de "mercado de energía" que se estableció en la ley de 1996, precisamente como respuesta a los apagones y problemas que el país vivió en los años anteriores, ley que fue deformada y hoy es un remedo. Sin embargo, hay una base para trabajar y reconstruir los principios de un sistema creíble, estable, con mecanismos de protección al inversionista y también al consumidor que hoy ve el resultado de un modelo hibrido (de control estatal) incapaz y desbordado.
La competencia en la generación y comercialización es el mejor mecanismo para tener un precio de energía razonable.
Hay que crear un mercado para transar la energía producida y consumida. Los generadores privados y públicos deben competir con reglas claras, iguales condiciones, sin preferencias para ninguno. No puede haber subsidios para algunos ni preferencias para otros. Los costos de producción, mantenimiento, uso de combustibles deben incluir todos los conceptos (incluso ambientales) y ser transparentes e incluir también la rentabilidad de capital esperados (incluso ambientales).
Las energías renovables tienen un espacio en un mercado competitivo sin tratamiento especial. Igualmente, la térmica tiene su espacio dentro de ese mercado cuando deba entrar en horas en las cuáles no existen renovables más económicas. El CENACE que entrega la energía al mercado lo hará bajo el criterio de costo -precio- mínimo y debe publicar en línea los costos totales de cada operador y las transacciones horarias registradas (energía y valores facturados) de todos los generadores para conocimiento público y cruce de cuentas.
El valor ponderado de los precios individuales entregados por los generadores en períodos cuantificables de 15 minutos o una hora, serán calculados por el CENACE y publicados para conocimiento público.
5.- Este sistema reconoce el papel regulador del Estado para asegurar condiciones de imparcialidad, competitividad en los precios y seguridad en la provisión de energía. Ningún proveedor público o privado puede ejercer "poder de mercado" que perjudique a los consumidores, así como tampoco la regulación puede convertirse en una amenaza a los principios de gestión eficiente de las diversas actividades vinculadas con este mercado.
6.- La infraestructura actual la manejaría el gobierno sujeto a muy severos cambios respecto de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de quienes las administran. Deberá reestructurarse para competir con generadores privados o convenidos bajo el sistema de APP que trabajarán bajo el set de definiciones de eficiencia, transparencia y rentabilidad razonable.
Los datos actuales de gestión de las empresas públicas demuestran graves desvíos de los ingresos percibidos. Casos de pérdidas operativas o "robos" de energía vergonzosos deben ser intolerables e imputables a las administraciones.
Deben establecerse métricas técnicas elaboradas por organismos especializados y contenidos en una matriz de gestión que será convenida como el vector de control permanente, cuya responsabilidad estará a cargo de un sistema de auditoría externa que informe sobre los resultados de su aplicación en períodos muy cortos, con conclusiones y sugerencias "vinculantes" de aplicación obligatoria.
Las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución deben tener balances anuales de su gestión financiera con auditorías externas independientes y estar sometidas a las mismas normas obligatorias de las privadas.
7.- Obviamente, el sistema actual de manejo de los ingresos y su distribución no puede seguir. No ofrece confianza. Es además inseguro y ningún prestador de servicios (producción o distribución) pondría en riesgo su capital pues no hay garantía de respeto a los derechos de esos fondos, así como no conoce con certeza cuando los recibirá. Y, este tema es vital para la atracción de inversionistas en los proyectos de infraestructura.
La alternativa es un "sistema cerrado de fideicomiso" de todos los ingresos que se generen en este sector manejado por el Banco Central. La distribución debe ser automática y sólo podrá realizarse de acuerdo con los parámetros y facturas que entregue la CENACE por energía entregada o transportada. Los distribuidores recibirán el valor completo de las facturas emitidas a los consumidores y deberán pagar por toda la energía que reciban de los productores. El sistema de transmisión cobrará por la energía transportada (peaje).
8.- Si el gobierno desea subsidiar a ciertos consumidores por razones sociales tendrá que disponer de una partida presupuestaria de retención automática por parte del Banco Central para entregar a tiempo esos valores al fideicomiso cerrado de energía. Estos subsidios no podrán afectar a la estructura financiera de la política energética como ocurre en la actualidad.
9.- Quien desee producir energía debe tener abierta la puerta para hacerlo y someterse al sistema de política pública general, sin preferencias (salvo que el gobierno las otorgue con sacrificios fiscales) y de manera competitiva. Aquellos que quieran tener generación propia también deben recibir igual trato. Lo único que debe ser motivo de regulación particular es el cuidado ambiental.
Ninguna entidad pública podrá demorar más de 90 días en tramitar una solicitud privada de cualquier tipo. Este lapso es único y no podrá admitirse demora o extensión. Los proyectos de menos de 50 MW no requerirán aprobación previa salvo el informe de carácter ambiental y de uso del agua, si es pertinente.
Los proyectos que estén en trámite se beneficiaran de este sistema de manera automática.
El plan maestro de electricidad debe ser público, actualizado mensualmente y en línea. Contener el cálculo de la demanda actual y futura. Precisar el monto de la oferta de energía actual e informar las fechas de entrada de las plantas previstas, su tecnología y el promotor de la inversión.
10.- Todo esto es posible conseguirlo a mediano plazo, pero hay que empezar con las reformas de fondo que le saque al sector de ese enjambre de disposiciones que permiten al gobierno tomarse los recursos, fijar precios con subsidios que no los paga, impedir la competencia y poner barreras a la inversión que es especializada en esta actividad. Sin cambios de fondo, no hay solución perdurable. (O)