Nadie puede dudar a estas alturas de que el Gobierno ha superado los obstáculos más urgentes en estos cinco primeros meses de ejercicio. Logró mantener vivo un pacto político que le permite aplicar su plan, obtuvo ingresos mayores que los esperados para la caja fiscal, reconectó con los multilaterales y el Presidente goza de alta popularidad. Pero, ¿le alcanzará eso para llegar a una reelección en febrero de 2025?
El tema es que las tareas hasta ahora desplegadas por el gobierno de Daniel Noboa responden a la lógica de 'apagar incendios'. El régimen ha mostrado su capacidad de reacción ante los problemas que amenazaban con quebrar no solo al régimen sino al país, pero esa es apenas la mitad de la labor. Ahora viene la parte más difícil que es diseñar y aplicar una planificación gubernamental que consolide estabilidad, más aún cuando estamos con un nuevo IVA, cuyo impacto aún es desconocido.
Es probable que para junio o julio de 2024 comiencen a fluir los recursos provenientes del anticipo de Impuesto a la Renta aprobado en diciembre de 2023, pero entonces las interrogantes ya no girarán en torno a cuántos recursos existen, sino al cómo se los está administrando. Y allí es justamente el área en la que el Gobierno nos queda debiendo.
Vemos que el Ejecutivo hizo bien su tarea de obtener US$ 3.500 millones adicionales de impuestos para la caja fiscal, pero aún no lo vemos ejecutar una planificación que privilegie la calidad del gasto. En ese contexto, los gastos permanentes se mantienen: en 2023 se ubicaron en US$ 20.591 millones y en 2024 quedarán en US$ 20.570 millones. Pero también podemos observar que dinero para salarios sube de 9.700 millones en 2023 a US$ 9.800 millones para 2024. Es decir, no hay coherencia entre la política gubernamental de demanda tributaria al sector privado, frente a la poca austeridad en el gasto público y eso es arriesgado.
Una política que financie déficit con incremento de impuestos y créditos del exterior no es sostenible. Si se sigue por ese camino, el siguiente gobierno, que puede ser el suyo propio, tendrá que recurrir a una nueva reforma fiscal apretando aún más la ya precaria situación económica de los ciudadanos y eso podría causar una grave reducción en el consumo y, en consecuencia, menos recaudación de ese impuesto cuyo porcentaje se ha incrementado.
El Gobierno debe ser consecuente con la sociedad y hacer lo que aún le falta: ya obtuvo los recursos que necesitaba; ahora debe enfocarse en la calidad del gasto público, sin afectar los servicios. Trabajar en la disminución del aparato público implica planificación, análisis, diagnóstico e, incluso, gasto inicial, pero este proceso hay que iniciarlo ya porque de eso implica modernizar al Estado y corregir los excesos.
De lo contrario, el régimen habrá borrado con el codo lo que escribió con la mano. (O)
