El mundo entero recibió una grandísima lección de humildad.  El Covid-19 fue democrático, igualador y humillador.  Con paso avasallador, nos aclaró el panorama, nos mostró nuestra verdadera pequeñez, nos recordó cuan vulnerables e insignificantes somos, nos dejó marcas que no olvidaremos jamás. 

En los países latinoamericanos hemos pasado del estricto confinamiento a restricciones parciales, cierres intermitentes y finalmente hemos llegado a una nueva “normalidad” social y económica.  La valoración post facto es:  más de un millón y medio de personas fallecidas en la región, aumento de la pobreza, crecimiento del desempleo, un cambio en la forma de trabajo, estructura productiva perdida, hábitos modificados, instauración de la mascarilla, vacunación, miedo, un profundo sentimiento de pérdida y dolor, y la perspectiva del futuro radicalmente cambiada.   
La inflación pegó de golpe, y se prevé crecerá aún más, como un nuevo impuesto que no requirió aprobación. El rebote de la economía mundial y las interrupciones en las cadenas de abastecimiento son,  en parte culpables; pero hay otros factores como la inestabilidad política, las condiciones climatológicas y un crecimiento enorme en el consumo.  

En este contexto se está dando la recuperación económica; diferente en cada país, pero con un factor común:  los países donde hubo estímulos fiscales implementados por los gobiernos, el impacto fue positivo.  Quienes ayudaron a la población desempleada llevan ventaja en el proceso de recuperación. 

El PIB regional crecerá un 5,2% por debajo de la contracción del 6,5 del año pasado. La recuperación no será suficiente para paliar la recesión ocasionada en el 2020.   

Incluso con la llegada de vacunas, disminución en las restricciones de movilidad y el impulso derivado de la reactivación de las economías avanzadas, se espera que el PIB de América Latina recupere los niveles del 2019 apenas en el 2023. 

Este es el momento donde los gobiernos de la región deben orientar sus políticas hacia la reactivación y transformación económica y aprovechar el shock de lo sucedido para girar el timón y buscar economías sostenibles.  Hay que incentivar la inversión, fortalecer la productividad, apoyar la competitividad, y fomentar el empleo.  Evidentemente surge la necesidad de robustecer los ingresos públicos, pero no se debe perjudicar la recuperación que a la postre es el objetivo. 

En el Ecuador la reforma planteada por el presidente Guillermo Lasso propone una simplificación parcial del sistema tributario donde se eliminan el IVA y el ICE para ciertos productos, se plantea la eliminación del impuesto a la herencia,  y se modifica el régimen de microempresarios que actualmente cobra el 2% de las ventas de micro emprendedores, independientemente de si generan o no utilidades.  

En lo laboral propone un régimen alternativo y voluntario de opciones que, entre otras cosas, permitirán acceder a nuevas modalidades y mejor distribución de la jornada laboral, de acuerdo a los tiempos que vivimos. 

Todo esto es bueno.  

Por otro lado, la propuesta hace una distinción entre medidas permanentes y medidas temporales y grava temporalmente, por dos años, los patrimonios por encima del medio millón y de manera permanente se incrementa la tasa efectiva del impuesto a la renta de quienes ganan por encima de dos mil dólares.   

En el tema de reforma tributaria, considero que no solo hay que mirar la reducción de uno u otro impuesto, sino se debe buscar una simplificación integral del sistema en la forma de pagar impuestos y en los montos de los mismos; si la apuesta es al futuro hay que reiniciar el sistema tributario para pagar menos y mejores impuestos.

El presidente justifica que, ante la crisis de la pandemia, es necesaria la solidaridad de los que mejor capearon el temporal. Habría también en la propuesta, un impuesto; por una sola vez, a aquellas empresas con un patrimonio mayor al millón de dólares, y que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas que en 2019.   

La pregunta obligatoria es si, en esta coyuntura, colocar un impuesto al ahorro, pues finalmente el patrimonio es el ahorro de la vida; y un impuesto de renta a los ingresos de la clase media, son medidas conducentes a la reactivación o más bien son grandes esfuerzos para las empresas y las personas que solo reducirían su liquidez, que no es igual a solvencia, y por tanto su gasto, entorpeciendo así la reactivación.  

Este esfuerzo desde el sector privado tendría lógica en mi opinión, si primero se hiciese un mayor esfuerzo por regularizar a toda la actividad económica que está en la informalidad y que no tributa, y si el destino de ese dinero fuera la inversión por parte del sector público.  La construcción de infraestructura, obra física, el pago y la logística de las vacunas, o temas semejantes son a mi criterio gastos razonables que justifican el ejercicio.  Pero obligarle al sector privado, que ya tributa en mayor proporción que sus pares en los países vecinos, a que sacrifique aún más su situación personal o empresarial, que reduzca su consumo o su inversión, para pagar los sueldos del sector público, eso es inadmisible. 

Adicionalmente hay que contemplar que siendo esta una medida temporal, que no viene acompañada de una reducción del gasto público, será apenas una medida parche que no solucionará los problemas a largo plazo.  Con todo lo recaudado, apenas se lograría pagar un mes del gasto en sueldos y salarios del sector público: la liquidez del estado a costa del sector privado. 

Se necesitan reformas estructurales que hagan cambios permanentes, de largo plazo y que proyecten al Ecuador al progreso y la bonanza. Aprovechemos el shock para lograr cambios reales. (O)