El 31 de mayo, el Directorio del FMI aprobó un Acuerdo de Crédito con acceso a USD 4.000 MM para Ecuador. Pero cuando el FMI otorga créditos a un país, a menudo lo hace con una serie de condiciones o "recetas" económicas que buscan estabilizar la economía del país receptor y garantizar que pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Estas condiciones a menudo incluyen reformas fiscales.
Un anuncio del Fondo indica: “las autoridades (Ecuatorianas) se han comprometido a aplicar un ambicioso plan de consolidación fiscal, que contribuirá a mitigar las vulnerabilidades fiscales estructurales de Ecuador y a cimentar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. El plan prevé esfuerzos equilibrados tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, protegiendo al mismo tiempo el gasto esencial en seguridad, la red de protección social y la inversión pública.”
En los numerales 24 y 25 contenidos en el Resumen Ejecutivo del Acuerdo arribado con el FMI señala que el Ecuador se compromete entre otras cosas, a una nueva reforma fiscal que genere ingresos permanentes, y el Gobierno de Daniel Noboa ya anunció que la presentará ante la Asamblea hasta el mes de noviembre 2024 y que trabajará en el desmantelamiento de los subsidios de combustibles.
Recordemos que la reforma fiscal que entró en vigencia el 1 de enero del 2024 incluyó una recaudación temporal de impuestos con la remisión de deudas tributarias, la contribución a la seguridad impuesta a las empresas y a los Bancos, y la subida al 5% del ISD (Incluso el FMI sugiere desmantelar este impuesto). Por consiguiente, el Acuerdo es que el Ecuador logre compensar estos impuestos temporales por permanentes, cuyo monto deberá ser de entre UD750 MM a USD 1,000 MM.
Se ha anunciado que la reforma se enfocará en optimizar el gasto tributario, que consiste en todos los incentivos y beneficios concedidos por Ley a los contribuyentes. El monto del gasto tributario asciende a USD 5.150 MM en el 2022, de los cuales USD 3,000 corresponden a beneficios del IVA y USD 2,150 a renta y otros, e igualmente una proporción similar en cuanto a beneficios e incentivos, respectivamente. Igualmente es importante destacar que USD 3,323 son objetivos de política social de personas naturales, y el resto económica y ambiental. Muchos de estos beneficios incluyen la tarifa IVA 0% a educación, salud, transporte, exportaciones, construcción, beneficios para generación de empleo, etc.
El promedio del gasto público en Ecuador en el 2022 fue del 33.9% frente al total de la recaudación de impuestos, que se ha mantenido por debajo del promedio registrado en la región. Es por ello, que el Gobierno tendrá poco espacio para articular en esta dimensión y será cuesta arriba conseguir la aprobación de la Asamblea para eliminar estos beneficios y subsidios sociales.
Por otra parte, la carga fiscal combinada entre impuesto a la renta, participación laboral (aunque no es propiamente un impuesto, pero afecta directamente la utilidad y la conciliación fiscal) y el impuesto a los dividendos, pueda alcanzar el 42.6%, sin contar el aumento del IVA al 15% y del ISD al 5%. Las 22 reformas fiscales que se han producido en apenas 10 años tampoco son buenas noticias ni para el contribuyente y menos para el emprendedor e inversionista. Y la autorretención impuesta por el SRI a los grandes contribuyentes han afectado sus flujos de caja en aprox. USD 685 MM.
¿Que opción tiene el Gobierno?
Pues en una charla que participé como panelista, justamente con el representante del FMI en Ecuador, sugerí crear un impuesto único, a ingresos aún inexistentes sobre activos intangibles no aprovechados.
¿A que me refiero? Pues, el Ecuador está asentado en casi 3 GIGA TONELADAS DE CARBONO; pero está fuera del mercado voluntario de carbono a nivel mundial POR UNA MALA INTERPRETACION LEGAL. Bastaría una buena reforma reglamentaria al Código Orgánico Ambiental, para posibilitar a las empresas la inversión en proyectos de compensación de carbono y emitir certificados en el mercado voluntario internacional.
Ecuador podría emitir bonos de alta calidad si incorpora proyectos de ESG atendiendo el principio constitucional de la Bioeconomía. Se prevé un mercado potencial que podría alcanzar o superar los USD 15,000 MM. Si a estos ingresos se le aplica un impuesto único del 8% el Estado recaudaría aproximadamente USD 1,200 MM.
La Unión Europea emitió apenas hace un año atrás un Reglamento relativo a regular la comercialización de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y degradación forestal para penalizar el ingreso de dichas mercaderías.
Esta alternativa fiscal permite atender plenamente los preceptos constitucionales de la Bioeconomía, cumplir acuerdos y protocolos internacionales sobre el cambio climático, evitar más cargas a los contribuyentes y generar una nueva recaudación permanente de impuestos, potencializar proyectos sociales con la participación del sector privado, dinamizar el empleo, mejorar la competitividad de productos ecuatorianos en el mundo y proyectarse como una Nación amigablemente ambiental que fomentará además el turismo. (O)