El bienestar colectivo está muy por encima de las disputas entre grupos y esa debe ser nuestra exigencia ciudadana: que se pongan de acuerdo en la construcción de una agenda de Estado a largo plazo, más allá de los intereses políticos inmediatos de pocos.
Mientras no haya la voluntad de quienes administran el Estado de identificar ese gran proyecto virtuoso e inyectar los recursos iniciales necesarios para invitar a otros a hacer lo mismo, seguiremos envueltos en el círculo siniestro de ver cómo hacemos para llegar a fin de año y ver cuánto sigue creciendo el déficit, el desempleo, la pobreza y la contracción de la economía y de las oportunidades.
Un día somos clientes, pero al otro somos proveedores y la contracción de pagos es una bomba de tiempo que amenaza a todos. La salida es operar en función del día a día y permitir que el flujo monetario reactive en algo el mercado.
Ningún gobierno nuevo de cualquier tendencia que sea podrá cambiar la situación del Ecuador de un año al otro y esa la razón por la que debemos analizar con detalle qué nos ofrecerán las distintas candidaturas. Si alguien nos ofrece cambiarlo todo de un año al otro, ese será justamente el que nos está mintiendo.
La inversión en la cosa pública es un pago inicial, para que el sector privado interno y externo se junten a esa iniciativa de repotenciación de infraestructura. Si eso no ocurre en este o el próximo gobierno, seguiremos rezando por lluvia y caminando a oscuras.
En tanto el Ecuador se dedique verdaderamente a resolver temas cruciales como una estable provisión de energía, un entorno de seguridad para personas y empresas, y establecer políticas públicas de largo plazo para blindar el escenario económico ante coyunturas complejas como son los reiterados procesos electorales.
Como todo en la vida, la economía también atraviesa por momentos de bonanza en una época y por momentos de desaceleración en otra. Cuánto dura cada una de esas etapas es incierto, pero lo que sí sabemos es que tenemos una economía en recesión y no una economía estancada.
El Gobierno ha decidido eliminar el subsidio correspondiente a las gasolinas Extra y Ecopaís, lo que significa cerca de 631 millones de dólares, pero, más allá de todo, aquí cabe preguntarse: ¿está llegando este subsidio al sector que realmente lo merece?
¿Qué más ha hecho el Gobierno además de subir impuestos? ¿Se ha planteado modernizar el aparato burocrático? No vemos ninguna señal en ese sentido, sino lo contrario: en el presupuesto de 2024, el monto para alimentar la burocracia es, incluso, superior a la de 2023
Es importante rescatar el esfuerzo del Gobierno por evitar que el barco naufrague. No debemos olvidar que se posesionó con deuda y sin capacidad de pago porque no había caja para los salarios de diciembre. Al final logró tapar huecos, pero aún falta mucho por hacer y una tarea fundamental que está pendiente es mejorar la calidad del gasto.
Trabajar en la disminución del aparato público implica planificación, análisis, diagnóstico e, incluso, gasto inicial, pero este proceso hay que iniciarlo ya porque de eso implica modernizar al Estado y corregir los excesos.
Focalizar este subsidio es inminente y no creo que el Gobierno llegue a hasta junio sin que aplique esta medida. No podemos esperar que esa focalización sea perfecta, habrá que ir perfeccionando los mecanismos de su aplicación, pero la decisión debe ser asumida sin postergación.
Cuando alguien quiere invertir, hace un presupuesto, un plan de negocio con ingresos, costos, ventajas y desventajas, pero resulta que además hay que incluir el imprevisto de que cuando el país esté en crisis, se tome en cuenta un impuesto adicional a utilidades que ya fueron pagadas, repartidas y reinvertidas.
En suma, quizá nos enfrentamos a un remedio que puede resultar peor que la enfermedad, en medio de un escenario en el que el Gobierno se enfrenta a una carrera contra el tiempo y algunos incendios que podrían estar a punto de iniciar.
Todos queremos que la situación cambie y que la economía se reactive, pero para que eso pase debemos poner de parte colectivamente.
No se trata solamente de incrementar empleados, sino de enfocar este esfuerzo en tres vertientes importantes: empleo nuevo para nuevos profesionales provenientes de las universidades y los institutos técnicos, empleo con visión de paridad de género y el empleo senior que contemple la contratación de ecuatorianos mayores de 45 años o, en su defecto, el mantener sus contrataciones actuales.
Se debe seguir formalizando la informalidad y una de las maneras es a través de la facturación electrónica. Y, reitero, debe ser obligatoria para todos los ecuatorianos.
El 26 de mayo es un día clave para el Ecuador, es una oportunidad para que las personas ejerzan su derecho a la privacidad denunciando sobre cualquier atentado contra su derecho de privacidad ya sea esto por llamadas que reciban con su información sin autorización para divulgarlas ya que nadie puede hacer uso de su información personal sin ningún concepto de protección o vigilia.
Creo que sí, y de manera urgente. Porque la población económicamente formal ya no avanza a sostener todo el peso de la necesidad financiera del Estado. Quienes más controlados estamos somos las industrias, los obligados a llevar contabilidad, que en la práctica en la realidad, son los que generamos fuentes de empleo
