¿No será la democracia una opción que obligue a pensar desde la altura de este tiempo, y a plantear otra forma de concebir y diseñar al poder, entendido como herramienta que sirva para canalizar las demandas de esta sociedad insólita, descreída, violenta y paradójica?
La república en nuestros días es el escenario en que se representan, de tiempo en tiempo, concursos de habilidades de individuos denominados “candidatos”, que piden el favor popular en función de la simpatía que despiertan, cuidando no decir nada que aluda a lo que realmente harán una vez instalados en el poder.
La crisis es evidente. La solución no es negarla ni esconderse en el discurso fácil. Si se es demócrata, hay que poner en evidencia las debilidades del sistema y procurar remedios de fondo. Mentir sobre la realidad es irresponsable. La democracia y su crisis imponen veracidad, claridad, objetividad, porque, pese a todo, el sistema democrático es el menos malo de todos los demás.
El empobrecimiento de la opinión pública corre parejo con la ausencia de la universidad de la vida nacional, con las elites convertidas en grupos de presión, con la sociedad civil reducida a un triste remedo de lo que debe ser. Corre parejo con la destrucción sistemática de las instituciones, y con la expansión del Estado, que ha triunfado sobre las libertades al habernos hecho “monotemáticos”.
¿Cuándo se “inventó” el pueblo en nuestras latitudes? Más aún, vuelvo a la pregunta, ¿existe el pueblo? Los latinoamericanos adoptamos, sin reserva alguna, las ideas de los pensadores ingleses, franceses y norteamericanos. Hicimos nuestra revolución y alcanzamos la independencia bajo la hipótesis de que en las nacientes repúblicas existiría una población consciente, activa y crítica; es decir, que existiría “ciudadanía” y no solamente masa.
Reformar la Constitución con acierto, y construir un ordenamiento jurídico que asegure iniciativa y libertad, no es asunto que se agote en la política. Y, aunque parezca paradójico, no es asunto de políticos. Es tema que toca a cada ciudadano, a sus convicciones.
Habrá que procurar, pese a todo, que volvamos a ser UN país, sí, un solo país en el que nos reconozcamos todos, en el que apostemos otra vez a ser solidarios, respetuosos, tolerantes. En el que ensayemos nuevamente la democracia, la tolerancia, la legalidad, la razón. Un espacio, nuestro espacio, del que queden desterrados la violencia, la intransigencia y el odio.
Yo no me reconozco en este país de bloqueos, gritos, bombas, rabia y desenfreno. Este no es mi país, no es aquel en que soñamos. Es el país pequeñito de la furia y la intransigencia, el de dirigencias sin la talla que impone el drama de un Ecuador que quiere salir adelante, que quiere superar las diferencias y ser espacio de prosperidad, tolerancia y razón.
El problema es que la magia, y la violencia que suscita, nunca han resuelto nada. El problema es que los fetichismos son solo eso, y que ni el mundo ni la economía se acomodan a sus designios, y que al final, la aventura resulta trágica; que cuando el discurso se agota y el mago se va y el tumulto se disipa, quedan ilusiones perdidas, frustración, quiebras, ruina social, corrupción.
La historia viva no es un libro, ni es solamente un dato, ni se agota en un personaje ni en sus discursos. El hilo conductor -a veces sinuoso, a veces tenso- viene desde los tiempos de la fundación, desde los mitos, las leyendas y las realidades, hasta el escenario de hoy.
Las élites, cuando existieron, fueron dirigencias ejemplares, con alto sentido del deber y del honor, comprometidas con las causas nacionales y más inclinadas a las responsabilidades que a los derechos. Las élites no fueron ni partidos ni movimientos ni grupos de presión articulados para lograr ventajas y ganar dinero. Las elites ejemplares fueron la contrapartida de las multitudes, su dirección, su ruta y su maestro.
Las personas se integran a un Estado para tener un poco de seguridad y contar con reglas claras que afiancen sus derechos y garanticen sus libertades. La incertidumbre que proviene de la “judicialización de la vida”, de la degradación de la ley, de la ausencia de políticas que enderecen los entuertos, es el mayor desmentido no solo al régimen político, sino, lo que es más grave, a la razón misma de vivir en sociedad.
Propongo, pues, que las universidades ecuatorianas inicien una cátedra de sinceramiento de los valores sociales y de reflexión sobre nuestra tradicional mojigatería. Sería un intento por llegar a reconocernos, a mirarnos en el espejo y a concluir cuán demócratas, tolerantes, libres y legalistas somos.
El poder político no puede reducirse a la fuerza de las mayorías, a la dialéctica de la voluntad del poderoso. El poder necesita controles, necesita de legalidad efectiva que no dependa de sí mismo, sino de hombres libres y de tribunales autónomos. De gente capaz de cuestionar, porque, además de la fuerza de la voluntad de poder, hay valores mucho más trascendentes, hay dignidad humana, hay derechos inviolables. Hay libertades que en ningún caso se pueden cuestionar o eliminar.
“Ya sabéis lo que pienso sobre la violencia. Para mí es profundamente moral, más moral que el compromiso y la transacción" (Mussolini, ante el pueblo italiano en 1936, al inaugurar el gobierno fascista)
¿Hay límites al poder popular? ¿Las mayorías tienen carta blanca para rebasar la legalidad y acomodarla a sus intereses? ¿La democracia puede servir de instrumento para crear estructuras autoritarias? ¿Puede la república abdicar de las reglas y someterse únicamente a los actos de poder? ¿Debe la democracia limitarse a ser una forma Estado solamente?
La ley -en condiciones de autonomía legislativa e independencia judicial efectiva- fue un estorbo para el poder político, de allí que la primera medida de los gendarmes autoritarios y los populistas ha sido modificar la Constitución, crear sistemas legales ad hoc, propiciar jurisprudencias “útiles”, legislar por vía reglamentaria y domesticar a los jueces.
A la Corte Constitucional que se conforme le corresponderá restaurar la comprensión racional del papel de la Constitución como sistema de contención del poder. La única “ideología” que allí cabe es la que consagre el respeto a los derechos, la idea de las libertades entendidas como virtudes cívicas y de la legalidad como factor de justicia, seguridad y paz.
Los núcleos sobre los que, desde hace ochenta años, gira la legislación laboral han cambiado. La pregunta es: ¿la Ley puede oponerse a la realidad y forzar hacia el pasado las tendencias económicas y sociales? No. Le corresponde garantizar la libertad de contratación y dotar de referentes razonables a los nuevos sistemas de trabajo, sin perder de vista que el reto que enfrenta ahora el país es la generación de empleo, y no la sobreprotección a quienes ya lo tienen.
