“Pro bono” es un término utilizado para designar al trabajo realizado voluntariamente y sin retribución monetaria por el bien del interés público. El pro bono jurídico, además, es una lucha persistente por facilitar el acceso a la justicia de manera más equitativa, como parte de los derechos humanos.
La firma ecuatoriana Pérez Bustamante & Ponce (PBP), a través de su Fundación Fabián Ponce Ordóñez (FPO), ha puesto en marcha esta idea por más de tres décadas, por medio de la asistencia a grupos vulnerables del Ecuador. Sebastián Pérez Arteta, gerente General de PBP, manifiesta que más allá de asignar horas pro bono al equipo de trabajo, la firma "ha creado una sólida organización de responsabilidad social corporativa y, con esta visión, la fundación trabaja en base a cuatro ejes de acción, ejecutados a través de consultorios interdisciplinarios, centros de mediación de conflictos, capacitaciones y apoyo a distintas ONGs y comunidades.
La Fundación FPO nace como parte de las prioridades de la firma PBP en la construcción de una sociedad mejor, poniendo "al servicio de la comunidad su conocimiento y experiencia", a través de la entrega de recursos independientes a la fundación, con la finalidad de brindar acceso a la justicia a quienes no pueden acceder a ella.
"La labor pro bono no puede ser algo ocasional. Por eso, invertimos en una administración que se dedica 100% a este trabajo. Tenemos una actividad permanente más de allá de proyectos puntuales", manifiesta Pérez. El trabajo realizado por PBP y la Fundación FPO los ha llevado a ser reconocidos internacionalmente con varios galardones que los ubican como referentes en la región.
Año a año los objetivos de la fundación son más ambiciosos y para este 2022, se busca atender por lo menos 2.100 casos que beneficien a más de 6.000 personas, a través de su consultorio interdisciplinario, de acuerdo con Roberth Puertas, gerente de la Fundación FPO. De igual manera, se busca cubrir más de 1.000 solicitudes de mediación para ayudar a un promedio de 2.500 personas, además de capacitar a un mínimo de 40.000 estudiantes sobre los cuatro pilares del diálogo. (P)
